La vigencia de los derechos y las libertades depende de la existencia de una justicia sólida y eficiente. Entre nosotros la justicia adolece, desafortunadamente, de graves problemas y disfuncionalidades. Esto afecta a nuestro Estado de Derecho. El Estado tiene que asegurar que la industria del delito no sea rentable, y ello no se logra cuando los delincuentes de todos los pelambres se desenvuelven a sus anchas porque saben que la probabilidad de castigo es remota. De cada 100 delitos, los colombianos solo denunciamos 24. En 2015 se habrían cometido en el país 3.500.000 delitos. Las condenas proferidas fueron 51.000, el 1 %. La impunidad ronda por el 99 %. La misma tasa que Planeación Nacional denunció en 1991. El Índice Global de Impunidad nos ubica en un deshonroso tercer lugar en el mundo. ¡Vamos a quebrarle el espinazo a la impunidad!
Nadie sabe con exactitud cuántos delitos existen en Colombia. No hemos alcanzado a discernir qué tipo de conductas deberían alcanzar la categoría de delito.
La Fiscalía tiene que alcanzar productividad compatible con la inversión que hace la sociedad para su funcionamiento. Hoy cuenta con el talento de 26.000 funcionarios. Hay que someterla a una profunda reingeniería.
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