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Gobernar para el futuro no debería ser una quimera, pero no hay un solo Ejecutivo que lo haga más allá de su legislatura. De ahí que la mayoría de los Estados tengan sus cuentas más o menos comprometidas. Corría el año 377 antes de Cristo y una decena de ciudades griegas provocaron la primera bancarrota de la historia al no afrontar sus obligaciones financieras. Antes del siglo XIX las suspensiones de pagos derivaban de guerras costosas y revoluciones sangrientas, mientras que después han estado vinculadas a crisis financieras globales. En total, se han producido unas 250 cesaciones de pagos en los últimos dos siglos, más de una por año. España es una de las que más bancarrotas acumula históricamente ante los costes administrativos, de defensa y de transporte mayúsculos para mantener un imperio global cuando el mundo apenas había descubierto la pólvora dos días antes.
Ahora, España afronta otra amenaza, además de tener una cleptocracia en el Gobierno. Se trata del sostenimiento del Estado del Bienestar, que ya solo puede mantenerse en pie con impuestos que debieran dedicarse a otros menesteres. Y es que la jubilación de la generación del “baby boom” elevará el desequilibrio fiscal ligado a la edad hasta una horquilla situada entre el 6,1% y el 8,5% del PIB en 2050 si se mantienen las actuales reglas del sistema de impuestos y prestaciones. El cálculo figura en un estudio elaborado por EsadeEcPol, que atribuye ese deterioro no solo al envejecimiento de la población, sino también al diseño de las pensiones contributivas, cuya rentabilidad implícita supera ampliamente el crecimiento real de los ingresos que financian el sistema.
El verdadero riesgo no es que haya más jubilados y menos trabajadores, sino que el actual modelo promete unas prestaciones cuya evolución resulta difícil de sostener con la capacidad de generación de ingresos de la economía española. Conforme las generaciones nacidas entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta abandonen el mercado laboral, el gasto asociado a las pensiones y a la sanidad aumentará con rapidez mientras se reducirá el peso relativo de la población en edad de trabajar, la principal fuente de ingresos tributarios y cotizaciones sociales.
Los datos muestran que un trabajador alcanza su máxima aportación neta al Estado en torno a los 50 años. En ese momento contribuye, de media, con unos 11.000 euros anuales más de los que recibe en forma de prestaciones y servicios públicos.
El equilibrio comienza a cambiar con la proximidad de la jubilación y se invierte completamente al abandonar el mercado laboral. A los 70 años el saldo fiscal medio pasa a ser negativo en unos 16.000 euros al año, debido a la combinación de dos factores: desaparecen los ingresos procedentes del trabajo y comienzan a percibirse las pensiones, mientras el gasto sanitario aumenta de forma significativa. El “bendito problema” es que los jubilados españoles viven mucho.
Ese recorrido explica que únicamente el 41% de la población española sea actualmente contribuyente neta del sistema, es decir, que aporte más recursos públicos de los que recibe. Entre los ciudadanos de 25 a 64 años esa proporción alcanza el 68%, mientras que desciende por debajo del 10% tanto entre los menores de 25 años como entre los mayores de 65, reflejando el funcionamiento redistributivo del Estado del bienestar.
Como de artificial será la cosa que, si un ciudadano naciera hoy y el actual sistema permaneciera inalterado durante las próximas décadas, terminaría recibiendo del conjunto de las administraciones públicas alrededor de 140.000 euros más de los que aportaría mediante impuestos y cotizaciones, una vez descontado el efecto del tiempo. Esa cifra resume el desequilibrio estructural.
¿Augura esto una bancarrota? Esperemos que los futuros gobiernos agarren el toro por los cuernos y descubran nuevas fórmulas para garantizar unas pensiones públicas dignas sin asfixiar a quienes trabajan hoy y financian el sistema. Es cuestión de gobernar para los demás.
