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Lo de esta semana es una tragedia. Cientos de muertos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de viviendas y otras infraestructuras destruidas, sin mencionar los daños que todavía no son visibles y que probablemente aún no terminamos de asimilar.
Pero la respuesta a la emergencia ha dejado ver lo que no se derrumbó. Tenemos Estado: a pesar de todos sus problemas, funcionó y respondió en tiempos razonables, con liderazgo tanto nacional como local, algo que no puede darse por sentado, como se vio en Venezuela tras el terremoto de junio. Y tenemos una sociedad civil fuerte, un capital social que ha salido a relucir de una forma que, la verdad, no habría anticipado: las masivas muestras de solidaridad, las donaciones, la coordinación logística y la articulación entre familias, sector privado y sector público —y, más que cualquier esfuerzo particular, la voluntad individual de miles de personas volcadas a aliviar el impacto de la tragedia — son cosas que no pueden asumirse como normales ni obvias. Señales tempranas como los más de $200.000 millones recaudados por los empresarios convocados por la ANDI, los US$200 millones del Banco Mundial, la coordinación del Gobierno con el sector constructor y los recursos comprometidos por Estados Unidos y otros gobiernos, sumadas a aportes de todos los tamaños en plata y en especie, permiten pensar que habrá respaldo para lo que se viene hacia adelante: de todo ese capital social dependerá lo que viene.
Nadie es ajeno a los desastres naturales, pero la reacción y sus impactos sí pueden ser muy distintos según las capacidades del Estado y la fortaleza de la sociedad civil: no es sino comparar a Japón —azotado por tsunamis como el de 2011 y decenas de terremotos, y aun así capaz de salir adelante una y otra vez— con Haití, que no alcanza a recuperarse de un desastre cuando el siguiente ya lo devuelve al círculo vicioso del decaimiento de sus instituciones.
Las economías mejor preparadas se recuperan de los desastres con una rapidez sorprendente: muchos estudios empíricos han encontrado que ni siquiera las grandes catástrofes suelen afectar el crecimiento de largo plazo en los países que logran organizar una respuesta eficiente. Los terremotos, los huracanes y los tsunamis destruyen el capital físico, pero no los motores del crecimiento: ni el capital humano ni la capacidad de articularlo.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de levantar pronto una bandera propia: la reconstrucción, su propio “Plan Marshall”. Tiene la legitimidad y la flexibilidad para coordinar a los actores que haga falta y detonar una recuperación pronta de las regiones más afectadas, y allí la creatividad en políticas públicas no debería escatimarse: usar fondos que el Estado tiene parqueados en un propósito que tendrá consenso; extender políticas probadas como obras por impuestos, para que las empresas paguen parte de su renta construyendo colegios, vivienda, acueductos y vías en el Chocó, el Eje Cafetero y el suroccidente; e impulsar renovación urbana en Cali, Pereira y otras ciudades golpeadas, donde grandes lotes —bases militares, activos de la SAE y otros en los que el Estado tiene incidencia— podrían destinarse a reponer la vivienda perdida. Ideas, entre muchas otras, para reactivar la inversión, que con Petro cayó a mínimos en décadas como porcentaje del PIB, ahora enfocada en un propósito común para el país.
Lo que ha vivido Colombia es una tragedia, pero también una oportunidad para sacar adelante ese propósito común.
