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Colombia está iniciando una nueva etapa. Con cada gobierno que llega, renacen expectativas, esperanzas y también preguntas. Una de ellas, es si seremos capaces de enfrentar radicalmente la corrupción y recuperar la confianza de los ciudadanos en el manejo de los recursos públicos.
Nuestro país enfrenta grandes necesidades sociales y al mismo tiempo, una situación fiscal que exige responsabilidad, eficiencia y decisiones difíciles. Cada peso cuenta. Por eso, antes de pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos, el Estado tiene la obligación moral de demostrar que administra con absoluta pulcritud los recursos que ya recibe.
En El país que soñamos hemos insistido en una convicción, la integridad no puede ser una excepción; tiene que ser la norma.
Necesitamos personas íntegras en el gobierno. Servidores públicos que entiendan que administrar lo que pertenece a todos, es un privilegio y una enorme responsabilidad. También es urgente desarrollar sistemas para prevenir, detectar y ponerle fin a la corrupción.
Colombia está avanzando en normas, contratación electrónica, datos abiertos y mecanismos de transparencia. El desafío es convertir esos procesos en resultados. Tecnología, trazabilidad de los recursos, información pública accesible, auditorías eficaces, vigilancia ciudadana, sanciones oportunas y procesos competitivos, son herramientas definitivas para dejar de perseguir la corrupción, después de ocurrida, y prevenirla antes de que suceda.
Y es aquí donde aparece una extraordinaria oportunidad para el nuevo gobierno, construir un Estado diseñado para la integridad.
Un Estado donde cualquier ciudadano pueda conocer cuánto se contrató, con quién, para qué, cuánto se ejecutó y qué resultado produjo. Que utilice los datos y la tecnología para detectar anomalías, antes de que se conviertan en escándalos. Que valore al servidor público competente y honesto. Que reduzca trámites y espacios innecesarios de discrecionalidad. Que comprenda que eficiencia y transparencia hacen parte de la gestión de gobernar.
Combatir la corrupción tampoco resolverá por sí sola nuestro déficit fiscal. Colombia debe además, revisar con seriedad la eficiencia y composición del gasto, sus ingresos, la deuda y los compromisos y acuerdos acumulados durante años; pero ningún esfuerzo para ordenar las finanzas públicas tendrá suficiente legitimidad, si los ciudadanos sienten que, mientras a ellos se les pide contribuir, parte de sus recursos se desperdicia, se despilfarra o termina en manos equivocadas.
Y esta tarea no pertenece solamente al Gobierno. También compromete a empresarios que contratan con el Estado, organismos de control, Congreso, justicia, medios de comunicación y ciudadanos. La corrupción necesita corruptos, pero también corruptores, facilitadores, silencios y una sociedad dispuesta a tolerar el atajo cuando le conviene.
Por eso, nuestro desafío va más allá de combatir la corrupción; debemos hacer de la integridad una cultura y no solamente una política anticorrupción.
Los recursos públicos son sagrados, porque detrás de cada peso hay un colombiano que trabajó y contribuyó. Y delante de cada peso debería haber una escuela, un hospital, seguridad, una carretera, una oportunidad o un servicio que alguien necesita.
El nuevo gobierno tiene el compromiso de dar ejemplo y nosotros, la responsabilidad de exigir, vigilar y actuar también con integridad.
No podremos eliminar, de un día para otro, prácticas que llevan décadas entre nosotros, pero sí podemos decidir que dejen de parecernos inevitables y trabajar de manera urgente y en conjunto para erradicarlas.
Colombia necesita recuperar la confianza. Hagamos de la integridad la norma y del cuidado de lo público una responsabilidad de todos. Es otra manera de comenzar a construir, entre todos y para todos, el país que soñamos.
