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Columnistas | PUBLICADO EL 23 enero 2022

Tomarse en serio la política antinarcóticos

El fallo de tutela de la Corte Constitucional por medio del cual reitera su tesis de la necesidad de realizar consultas populares previas a una hipótesis de volver a usar el glifosato en fumigaciones masivas para erradicar los cultivos de hoja de coca, si bien le repite al actual Gobierno, en su fase final, que no le va a ser posible acudir a esta estrategia, es en realidad un mensaje para el nuevo Gobierno que empezará el próximo 7 de agosto.

Y en ese sentido hay que hacer un análisis serio de las implicaciones del problema. Desde el pequeño colono o campesino que está forzado por las circunstancias a cultivar la coca o algún otro de los cultivos de uso ilícito —personalmente me impactó mucho cuando realizamos el Foro sobre Cultivos Ilícitos en el Guaviare y muchos campesinos decían: nosotros lo que más quisiéramos es poder dejar de cultivar en la ilegalidad, con todas las implicaciones negativas que eso nos conlleva—, pasando por el “raspachín” que vive de esa actividad y el rol que juegan las organizaciones de crimen organizado que se benefician de esa actividad —que son, en muchas ocasiones, estimuladores y actores de violencia, que, a su vez, tienen nexos con organizaciones de crimen organizado transnacional y que son las que se quedan con las grandes ganancias del negocio ilícito—, hasta llegar al consumidor final, en ocasiones un enfermo dependiente de dichas sustancias.

En esa apretada descripción estamos mostrando la diversidad de protagonistas involucrados en la actividad y la importancia de políticas diferenciales. Pero bajo ninguna circunstancia se pueden aceptar argumentos justificadores. Sin duda, debe haber un gran esfuerzo nacional y de la comunidad internacional en reducir al mínimo esta actividad. Por supuesto que no se puede colocar en pie de igualdad a los pequeños productores campesinos con empresarios ligados o articulados a mafias de traficantes, igualmente a quienes sobreviven de su actividad de raspado de las matas de coca o de otras actividades de sobrevivencia.

Por ello la decisión política debería ser acabar con ese tipo de actividad —a no ser que se trate de tradiciones con reales entronques culturales, como sucede con algunas comunidades indígenas—, pero la discusión es: ¿cómo hacerlo? Y al respecto no se parte de cero. Hay un camino recorrido del cual se debe aprender. Por ello es importante volver y consultar el punto respectivo del Acuerdo de La Habana, donde se plantean políticas diferenciadas frente a los pequeños y medianos productores, donde debe predominar los acuerdos de sustitución voluntaria —priorizando a las mujeres cabeza de familia—, acompañados de programas de desarrollo alternativo, y donde la sustitución forzosa es solamente una última opción. Igualmente, unas políticas de lucha contra las mafias de traficantes de la cocaína, incluyendo el lavado de activos, con un rol fundamental para inteligencia policial y cooperación policial internacional y programas de prevención y rehabilitación para los consumidores actuales y las poblaciones más propensas.

Pero lo anterior debe estar acompañado de una estrategia real y sistemática de construcción de Estado en los territorios, que les permita a los pobladores contar con un aliado permanente que los acompañe en los programas de sustitución de cultivos, que los protege a través de la Fuerza Pública de las organizaciones de crimen organizado y que, adicionalmente, les lleva servicios y bienes básicos —educación y salud de calidad, vías en buen estado, jueces que resuelvan los conflictos, etc.—, a los cuales tienen derecho como ciudadanos del país.

Esto no es una utopía, es una posibilidad real si existe una decisión y voluntad política de hacerlo.

Alejo Vargas Velásquez
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