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Terremoto es el fenómeno geológico que libera de golpe gran cantidad de energía trasmitiéndola a la superficie. Pero en el uso corriente la palabra designa sus efectos y no el sismo; así, quien habla del terremoto de Popayán, evoca los muertos y los estragos causados, no el movimiento de tierra. Y, por extensión, la usamos de manera figurada para nombrar los desastres asignables a una determinada causa.
Para alcanzar una visión completa de los enormes retos a los que Colombia y el nuevo gobierno deben consagrarse de inmediato, al infortunado y doloroso evento de inicios del mes, deben sumarse las catástrofes causadas en los últimos cuatro años, todas de muy significativa magnitud. El terremoto Petro causó devastación moral, ética, política e institucional en el Estado; el de Olmedo-Sneyder la corrupción y el saqueo en la UNGRD; el de Roa, en Ecopetrol, la destrucción de valor; el Shu-Shu-Shu de la salud, con epicentro en Corcho y Jaramillo, ha cobrado vidas y causado sufrimiento a millones de personas; el de Bonilla-Ávila, en Hacienda, dejó las finanzas públicas arruinadas y el endeudamiento en niveles nunca alcanzados; y así varios más.
La cuantificación y avalúo de los daños causados por uno y otros están apenas en etapas preliminares, por lo que aún pueden variar. Del reciente evento, los datos contenidos en el Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica, dan cuenta, entre otros, de 314 personas fallecidas, 4.437 heridos y 262.154 damnificados; 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas; 5.800 edificios dañados y 302 colapsados, 15 departamentos y 471 municipios afectados directamente. Las primeras estimaciones, a mano alzada, en cuanto a edificaciones y obras físicas, arrojan que se requieren recursos del orden de 30 billones de pesos para recuperarlos. Como homenaje a esas regiones, debió escogerse un hijo suyo para liderar la recuperación.
La valoración de daños y faltantes de los sismos de origen petrista resulta bastante más nebulosa, pues hay pérdidas no cuantificables por ser inmateriales o extrapatrimoniales, pero sí fundacionales para la prosperidad de nuestra sociedad. Piénsese no más en los daños causados en la moral y la ética públicas y en las de los ciudadanos, por la corrupción y la práctica delictiva de comprar congresistas a cambio de sus votos, o en la violación de topes en la campaña presidencial, o en las grabaciones de los audios Benedetti-Sarabia, por mencionar algunos.
El iceberg conformado por los daños valorables, en su punta, indica que de inmediato debe hacerse un ajuste fiscal mínimo de unos $20 billones y otro tanto para intentar sacar a flote sectores de salud y energía, antes de que su colapso sea total e irrecuperable. De más largo aliento es el manejo del déficit fiscal cercano al 8% del PIB, el cual, para llevarlo a la mitad en 2030, implica un esfuerzo del orden de $93 billones a valores de hoy. Colombia fue arrasada por el terremoto Petro.
Confiemos en que el nuevo gobierno, con la solidaridad de los colombianos, sabrá gestionar integralmente tan catastrófico estado de emergencia.
