Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Colombia sabe perfectamente qué le duele. Tiene radiografías de cada una de sus enfermedades: la pobreza, el rezago del mercado de capitales, la informalidad laboral, el atraso en infraestructura, la paquidermia de la justicia, el mal carcelario. Hay misiones, comisiones, informes y diagnósticos para todo. El Departamento Nacional de Planeación ha liderado misiones de empleo, de finanzas intergubernamentales, de crecimiento verde, de ciudades. Centros de pensamiento, banca multilateral y consultores internacionales han producido miles de páginas. Lo sabemos todo. Y, sin embargo, no hacemos casi nada.
Somos un país sobrediagnosticado y subejecutado.
El propio Estado lo reconoce. El Conpes 4083 de 2022, redactado por el mismo DNP, admite que las evaluaciones que el gobierno encarga tienen un “limitado uso en la formulación de políticas”, que no existe una estrategia coherente, y que el conocimiento producido simplemente no se traduce en decisiones. Es decir: pagamos por saber, y luego archivamos lo que sabemos. El estudio se convierte en un fin en sí mismo. La gaveta es su destino natural.
¿Por qué ocurre esto? No por falta de plata ni de talento, que abunda. Tampoco por la voluntad de la mayoría de servidores públicos, que pienso que están ahí para servir y buscar el bien común. Ocurre por razones que se refuerzan entre sí.
La primera es la camisa de fuerza presupuestal. Según la Contraloría y el propio Ministerio de Hacienda, el gasto inflexible alcanzó un asombroso 93,7% del presupuesto en 2025. Casi todo el presupuesto está preasignado por mandatos legales, rentas de destinación específica, vigencias futuras y fallos judiciales. Esos recursos ya tienen destinación legal y no pueden ser modificados por la voluntad política. Al funcionario le queda un margen mínimo para ejecutar con foco y flexibilidad lo que los diagnósticos recomiendan.
La segunda es el miedo. Los entes de control se han sobreextendido hasta convertir cada firma en un riesgo personal, donde se juegan su patrimonio y su libertad. La ejecución sigue siendo el talón de Aquiles del país, dice la misma Contraloría que persigue al ordenador del gasto. El resultado es perverso: el funcionario responsable prefiere no gastar a gastar y arriesgarse a un proceso fiscal o disciplinario. La inacción se vuelve la conducta más segura.
La tercera es la polarización. En un país incapaz de construir consensos, el statu quo es el único equilibrio posible. Nadie cede, nadie acuerda, nadie ejecuta. Y la subejecución, paradójicamente, se ha vuelto hasta una herramienta de ajuste fiscal: cuando faltan ingresos, simplemente no se gasta lo aprobado. Bueno, salvo en los últimos cuatro años.
La cuarta es más sutil. Buena parte de los recursos de la cooperación multilateral viene atada a la realización de estudios y diagnósticos. Hay que gastarlos, hay que producir el informe, hay que justificar el desembolso. Y así se alimenta la máquina que diagnostica, pero no cura.
Es lamentable, frustrante y triste. Tenemos el mapa completo de nuestras heridas y nos negamos a tocarlas. Mientras tanto, las gavetas se llenan de papel y los problemas siguen intactos.
No nos falta diagnóstico. Nos falta confianza y flexibilidad para ejecutar.
