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Cualquier expresión en relación con la situación que está atravesando el estado de Ecuador durante estos días debe iniciar por una manifestación inequívoca de solidaridad. Lo que se ha vivido allí no debería vivirse en ninguna sociedad, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento: ningún medio de comunicación debería verse amedrentado en su ejercicio informativo; ningún niño ausentarse del colegio por miedo; nadie, absolutamente nadie, debería creer que puede actuar por fuera del marco legal, o por encima de las instituciones; ningún terrorista debería estar en libertad; y nadie, esto también hay que decirlo, debería ser sometido a prácticas vejaminosas que distorsionen uno de los fines de cualquier pena, la resocialización, por graves que hayan sido sus delitos.
Escuchando opiniones de diferentes analistas sobre la situación de ese país, hubo una afirmación que se me quedó grabada y que me ha generado infinitos interrogantes y reafirmaciones en relación con el papel de la educación y de la escuela, no solamente en términos de la manera práctica en que éstas deben contribuir a la disuación de las conductas ilegales, sino sobre todo, en la forma en que deben ponerse al servicio del florecimiento, manutención y fortalecimiento de la democracia como sistema que debe estar, en su expresión más virtuosa, a cargo de todos los ciudadanos.
“Tengo la sensación de que las estructuras criminales resultarán más fuertes que el mismo estado”, dijo el analista, y estas son algunas de las preguntas que empezaron a aparecer cuando la escuché: ¿está contribuyendo nuestro sistema educativo a que los estudiantes desarrollen una comprensión sobre el concepto de Estado, y la necesidad de que todos los ciudadanos seamos activos defensores de él? ¿Existe suficiente diálogo en los primeros años de formación sobre el concepto más puro de Justicia? ¿Estamos enfocando bien nuestras energías y esfuerzos en construir un sistema educativo que no solo funcione como desarrollador de competencias y habilidades prácticas, sino como verdadero habilitador de la convivencia y la libertad? ¿De qué manera estamos contribuyendo, desde los diferentes niveles de educación, a construir una comprensión adecuada del concepto de autoridad?
Mi preocupación adicional, observando las imágenes del terror, ha tenido que ver con la ocurrencia recurrente de situaciones similares en diferentes lugares de nuestro propio territorio, que en materia de desafíos institucionales lo ha vivido casi todo, y que parece estar escribiendo un nuevo y tenebroso capítulo. La situación de desinstitucionalización y de inseguridad del país, además de la ausencia de una respuesta efectiva a los interrogantes anteriores, y a todos los demás que no transcribo aquí, me hace temer que estemos cultivando un caos equivalente o peor, y me compromete con la búsqueda de soluciones desde donde mejor creo que podemos ofrecerlas: desde la educación.
Hechos como los que hemos visto demandan un ejercicio adecuado de la fuerza del Estado, para que prevalezca el orden institucional. Pero requieren, sobre todo, del despliegue de la fuerza educativa para que desde ahí germine y crezca una sociedad ordenada, y libre. Ni la mejor versión de justicia puede centrarse solo en el castigo, ni la mejor versión de educación puede centrarse solo en la instrucción.
