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Algún maestro repetía a sus estudiantes en lenguaje figurado: “Es tan culpable quien peca por la paga, como quien paga por la peca”. Este frase se escribe para advertir que la corrupción es un mal que, cualquiera sea su origen, causa enorme daño a la sociedad considerada en su integridad.
He aprovechado una corta visita a España, fundamentalmente Madrid y Barcelona, para seguir muy de cerca, a través de medios de comunicación y conversaciones con ciudadanos y colegas, la situación por la que atraviesa el actual gobierno, como consecuencia de un grave escándalo de corrupción que viene salpicando diferentes instancias del poder. Ministros y altos funcionarios allegados al gobierno de Pedro Sánchez, se encuentran en el “ojo del huracán”, por acusaciones en su contra, a causa de la indebida financiación de campañas políticas, a través de contratos suscritos de manera ilegal y otras prebendas repartidas a diferentes sectores, para lograr apoyos políticos.
Lo admirable del drama es que la investigación judicial y de los medios avanza de manera abierta y sin tapujos, ni escondites. La fiscalía promueve llamamientos a juicio, se priva de la libertad a personas involucradas, hay allanamientos por parte de la policía judicial a viviendas y recursos electrónicos de los inicialmente implicados. Con respeto, pero con firmeza, las autoridades competentes asumen decisiones fundamentales para desenmarañar el entramado e identificar los responsables, tanto del sector público como privado, contando para ello con la colaboración abierta de todos los actores sociales, incluyendo los representantes del partido de gobierno y su coalición, quienes aceptan tales investigaciones, incluso con el riesgo de llegar a una moción de censura que tumbe al gobierno.
Lamentablemente no pasa lo mismo en Colombia, llevamos tres años bajo el mando de un gobierno que ha sido objeto de toda clase de imputaciones jurídicas y políticas, no sólo por sus equivocadas decisiones en materia de asuntos administrativos y de gobierno, sino también por considerar que distintas agencias de poder se han involucrado en actuaciones con efectos en el campo penal, disciplinario y fiscal.
A diferencia de lo que ocurre en España, son muchas las decisiones que se han venido adoptando por parte de distintos órganos de poder en Colombia, invocando erróneos criterios de interpretación constitucional, o incluso, enfrentando la institucionalidad.
Las investigaciones iniciadas o supuestamente desarrolladas por los órganos de control, por los jueces de la República e incluso por el Congreso Nacional, cuando asume el papel de investigador, se pierden en una maraña de comentarios y opiniones vagas e incoherentes, sin que, salvo el caso de dos o tres funcionarios de menor rango, realmente se visualicen y arrojen resultados contundentes.
Además, por razones de distinta índole, los diferentes sectores de la sociedad civil, los gremios, la academia, los sistemas militares e incluso, en ocasiones, la estructura judicial, se han caracterizado por su extraño y prolongado silencio, olvidando que es “tan culpable quien peca por la paga, como quien paga por la peca”.
