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Resulta una paradoja que las CIPRET, circunscripciones transitorias de paz creadas por el acuerdo de paz del 2016 para garantizar la paz, aparezcan dentro de los municipios que en Colombia tienen alto riesgo de violencia y fraude electoral. No fue posible impedir que las dinámicas de la violencia terminaran por convertirlas en su blanco para intimidar, manipular y controlar el proceso electoral.
Según la MOE, el 44,6 de municipios en departamentos que contienen municipios CIPRET, están en Riesgo Extremo por factores de violencia, 75 municipios de un total de 149, para las elecciones de este año.
Antioquia con 7 municipios y 8 del Catatumbo están en un 100 por ciento de riesgo extremo. 13 municipios de Bajo Cauca y 4 de Arauca están en 84.6 por ciento de riesgo extremo. En el 66,7 de riesgo extremo están 13 municipios del Cauca, 2 del Valle del Cauca y 1 de Nariño, precisamente donde las economías ilegales, narcotráfico y minería ilegal, están presentes y la institucionalidad que debía llegar no lo hizo. Así lo documenta el Mapa de Riesgos de la MOE.
Aunque en estos municipios los candidatos no pueden pertenecer a partidos políticos y otras estructuras, como clanes políticos, ni a grupos armados y cuentan con financiación pública, pues el espacio democrático buscaba que las vìctimas tuvieran representación en 16 circunscripciones temporales de paz, no fueron inmunes a la capacidad de los armados y de los clanes políticos corruptos.
Era fundamental que los candidatos surgieran de los liderazgos y organizaciones sociales pero no fue así.
La estudiosa Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares advierte cómo en la actualidad, solo el 31 por ciento de los elegidos responden a su propósito original y señala como “algunos elegidos tenían vínculos con actores tradicionales: por ejemplo, Jhon F. Núñez (CITREP 5) fue directivo del partido Opción Ciudadana y cercano a autoridades acusadas de parapolítica. James Mosquera (CITREP 6) obtuvo el aval de un consejo comunitario, pero “su candidatura también fue denunciada por su cercanía con el Clan Sánchez”, un grupo paramilitar local. Haiver Rincón (CITREP 15) fue respaldado por una organización de víctimas, pero durante la campaña fue señalado de vínculos con el Partido Conservador y el gobernador local¨.
No debería ser tarde para atender la alerta de Alejandra Barrios al frente de la MOE y establecer mecanismos de transparencia en la inscripción de candidatos y ojalá un acompañamiento internacional focalizado. Están plenamente identificados quiénes ejercen la violencia en cada uno de los municipios en cuestión, especialmente el Clan del Golfo en su propósito de incidir en las campañas a través del financiamiento ilícito o los grupos disidentes en Arauca y Putumayo.
Ojalá esta vez se pueda garantizar a las víctimas y a los líderes sociales el espacio que merecen en la participación democrática.
