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Han pasado 33 años desde la llamada Zona de Santo Domingo, en Tacueyó en el Cauca, para el desarme de la entonces guerrilla del M-19. Lo he recordado para hacer un paralelo con la actual ZUT anunciada por el gobierno en el Valle de Guamez en el Putumayo.
La creada durante el proceso de desmovilización de M-19 fue más un cerco de vigilancia con una brigada que tenía jurisdicción sobre la zona de Santo Domingo. No se construyó un complejo habitacional pues no tenía vocación de permanencia. Los guerrilleros para entonces podían entrar armados y el posterior traslado del armamento se realizaba en helicóptero.
Los tiempos y las dinámicas han cambiado. La zona de Ubicación temporal para los Comandos de Frontera o Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia es sin duda un avance concreto y bien concebido aunque se trate de tan solo 100 hombres.
No creo que fuera necesario realizar una construcción, por demás demorada, de una infraestructura tan detallada. Sin embargo, es un avance y lo es porque cuenta con un Mecanismo de Monitoreo y Verificación con MAPP OEA, que se encarga de recibir las armas inventariadas y entregarlas al Ejército Nacional para su destrucción.
El problema es que esto se ha logrado en el momento equivocado o el menos oportuno por varias razones: primero, porque levanta sospechas en plena época electoral, cuando precisamente hoy se desarrollan las elecciones de segunda vuelta presidencial en Colombia.
Segundo, porque es inconveniente tener una zona donde se protejan a estas personas en el Putumayo, que como bien lo ha explicado el doctor Jorge Mantilla, vive una guerra entre comandos de frontera y estructuras del Estado Mayor Central.
Y tercero, y quizá lo más importante, porque estas personas están sin una ruta institucional estatal clara para transitar hacia la vida civil cuando viene un cambio de Gobierno.
La duración de la zona es de 10 meses, termina el 25 de diciembre de este año. El próximo presidente asumirá el 7 de agosto y deberá decir si continúa la zona de ubicación temporal, o no. En caso de que no, se daría a los guerrilleros 72 horas para salir de allí. Deseable que todo este proceso logre ver la luz antes de la fecha de cambio de gobierno.
De lo contrario, no parece muy sensato en términos de garantías para el proceso mismo ni para la población civil de la zona.
