Columnistas | PUBLICADO EL 09 marzo 2020

¿QUIÉN DICE LA VERDAD?

Por JUAN JOSÉ HOYOSredaccion@elcolombiano.com.co

“Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en América Latina. La gran mayoría de los defensores están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz. Históricamente, la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores en Colombia se ha situado en torno al 95 %...”.

Estas son las conclusiones del relator de la Onu, Michel Forst, en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra, Suiza, el 4 de marzo. Ellas provocaron un duro enfrentamiento entre la Onu y el gobierno del presidente Iván Duque.

Según el gobierno, el documento no refleja objetividad ni integridad y “desconoce de plano logros reconocidos por otros órganos de la Onu en la política de paz con legalidad”. También es considerado “una intromisión en los asuntos internos del país”.

La posición del presidente Duque frente a la Onu era previsible. En 2018, el relator Michel Forst realizó una visita de 14 días a Colombia. En esa época, el gobierno puso en duda la calidad de su información y le recomendó no solo recurrir “a cifras e indicadores emitidos por organizaciones de la sociedad civil, colombianas y extranjeras”, sino también a los “reportes y datos producidos por las entidades del Estado”. Forst decidió aplazar la presentación del documento final hasta 2020 para darle un margen de acción a la administración de Duque ―que se había posesionado poco antes― para reforzar las medidas de protección de los líderes sociales. Pero los asesinatos continuaron.

El malestar de Duque con el relator de la Onu precipitó los hechos: el gobierno no autorizó una nueva visita suya para finalizar el informe y además optó por suspender las visitas de los demás relatores sobre derechos del agua, derechos de las mujeres y detenciones arbitrarias.

A pesar de las objeciones, el informe del relator de la ONU recibió el respaldo de los representantes de más de mil organizaciones no gubernamentales del mundo. Estas invitaron al gobierno colombiano a aplicar las recomendaciones de la Onu, sobre todo las relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz.

Durante la reunión de la Onu, el defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret también defendió las conclusiones del documento y dijo que la valoración de la situación de los líderes sociales hecha por el relator de la Onu es “ponderada y justa con la realidad”.

“La situación para las personas defensoras de Derechos Humanos en el país es compleja: grupos armados interesados en explotar las rentas ilegales del narcotráfico, la minería, la deforestación, entre otras, les han puesto bajo su mira por la valiente defensa que realizan en el territorio y por abanderar causas relacionadas con la construcción de paz”, sostuvo Negret.

Hasta el momento, el gobierno no ha desmentido la conclusión más importante del informe: “Colombia sigue siendo el país de Latinoamérica donde más se asesinan líderes sociales”. Entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, hubo un total de 592 homicidios de líderes reportados por la Onu. En 2019, ya son más de 100, por encima de Honduras, El Salvador, Venezuela y Brasil.

¿Quién dice la verdad? ¿El gobierno colombiano? ¿La Onu? Basta ser colombiano y leer la prensa o ver y escuchar los noticieros para obtener una respuesta: el mismo día del informe, en un barrio de Cali, fue asesinado Arley Chalá Rentería, escolta del líder social Leyner Palacios, secretario general de la Comisión de la Verdad del Pacífico. Esa madrugada, en Medellín, en su propia casa, fue apuñalada la profesora Sara Fernández, secretaria de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Hace pocos días, la profesora había recibido amenazas de grupos paramilitares .