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El tema es álgido: no se ponen de acuerdo los sectores afectados en España sobre la nueva inversión que los chinos realizarán en suelo español con beneplácito gubernamental. En pleno verano se destapó un caso con muchas aristas: la intención de Pekin de instalar en el puerto gallego de Ferrol una fábrica de carros eléctricos de la empresa SAIC Motor.
La nueva planta de eléctricos e híbridos es la punta de lanza que daría inicio, a partir de 2027, a la creación de un colosal hub industrial que desde España tendrá acceso al mercado de la UE. Con una capacidad inicial de producción de 120.000 vehículos al año, crearía 2.300 puestos de trabajo y la inversión inicial se ubicaría en unos 200 millones de dólares.
No han faltado razones para que el Gobierno gallego lo declarara Proyecto Industrial Estratégico y facilite el proceso de autorizaciones y licencias necesarias para la implantación. Los promotores aspiran comenzar a construir un parque industrial que podría alcanzar el tamaño de otro ya existente en la península ibérica y que tiene más de medio siglo en operaciones: el Hub de Stellantis en Vigo con su capacidad anual de producción de medio millón de carros y 6000 empleos directos y muchos más indirectos.
Pero mientras Stellantis, a lo largo de varias décadas, ha armado un entramado eficiente de proveedores nacionales para sus procesos, la nueva iniciativa en la comarca de Ferrolterra se concibe como un ensamblaje de piezas y partes fabricadas en China, cuyo valor estratégico mayor consiste en esquivar los aranceles de la Unión Europea a la importación de coches terminados. Materia prima, módulos tecnológicos y componentes críticos serán importados del país asiático.
El cuestionamiento mayor no es este únicamente, ya que, con una incorporación progresiva y vigilada en el tiempo de insumos nacionales, pudiera logarse una integración significativa con producciones locales.
Es que el asunto va más lejos que una simple inversión. SAIC es un gigante automovilístico con base en Shanghái, propiedad en sus dos terceras partes del estado chino. El Centro Nacional de Inteligencia de España y el Ministerio de la Defensa han levantado una reserva a la que es preciso prestar atención: la cercanía de estas instalaciones de una base estratégica de la OTAN. Un centro de alta tecnología altamente sofisticado como el que promueve China reviste un gran riesgo de espionaje militar y tecnológico al cual los chinos son afectos por diseño. Otros puertos como Vigo o Gijón fueron propuestos por las contrapartes españoles sin poder hacer entrar por el aro a los promotores chinos.
Aunque Bruselas formalmente ha tenido que dar vía libre al ejecutivo español para que decida, también ha activado sus mecanismos de control en dos terrenos: vigilancia cercana a infraestructuras que puedan afectar a la seguridad colectiva y monitoreo y auditoría minuciosa de sus procesos para impedir esta actividad sea contaminada con subsidios fraudulentos que distorsionen las buenas prácticas comerciales con el mercado europeo, al tiempo que vigilarán leyes de competencia y control de capitales extranjeros de la Unión.
Han sido numerosos los viajes a China de Pedro Sánchez durante su administración sin que el jefe de gobierno consiguiera un viento a favor de mayores exportaciones españolas. Lo que si floreció, al fin, fue una inversión con un fin político que muchos consideran “non sancto”. Desde Washington siguen con atención el proceso y toman nota de los devaneos de La Moncloa con Pekín. El radar gringo está puesto sobre la permisividad de Pedro Sánchez. Engancharse con China tiene un alto costo cuando se trata de seguridad.
