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Columnistas | PUBLICADO EL 09 febrero 2023
No perdamos lo ganado
Estatizar componentes neurálgicos del sistema cuando han existido pésimas experiencias y favorecer los intereses sindicales del sector significa correr diversos riesgos.
Por Mauricio Perfetti Del Corral - mauricioperfetti@gmail.com
Cerca del 55% de la población colombiana nació después de la ley 100 de 1993 y por tanto no tienen referencia del sistema previo a dicha ley. Era un sistema segmentado en el que las familias de bajos ingresos eran asistidas por un deficiente sistema público (Jaramillo, 1994), una parte de los trabajadores formales privados estaban afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, los empleados públicos a Cajanal y las familias de mayores ingresos eran atendidas por médicos y clínicas privadas. En la década del 80 viví una experiencia en un hospital público donde atendieron a unos compañeros tras un accidente vial; para que les pudieran practicar sus cirugías, tuve que comprar los insumos necesarios y asistir parcialmente al cirujano por falta de personal. Este caso particular muestra las fallas del sistema anterior en cuanto a eficiencia y gasto de bolsillo. Dos cifras muy indicativas: en 1993 el 4,3% de los más pobres estaban afiliados a la salud y solo el 26,2% de estos mismos tenían consulta por prevención (Anif, 2022).
En contraste, el sistema actual ha mejorado la eficiencia hospitalaria y la red de atención, al igual que la reducción sustancial en el gasto de bolsillo en salud que hacen las familias en Colombia (por debajo de varios países desarrollados). Se destaca un aumento de la cobertura en salud que pasó de 20% en 1990 a 94% en la actualidad. Estos logros han sido determinantes en la reducción de la pobreza multidimensional, la tasa de mortalidad en mujeres y niños así como el aumento en la esperanza de vida. Esto debe tenerse presente en las discusiones actuales de la reforma.
Algo poco mencionado en los debates de la reforma a la salud, es la configuración de un sistema altamente solidario pues trabajadores y empleadores concurren en la medida de sus capacidades y el Estado también contribuye vía el Presupuesto General de la Nación. Se trata de equidad en el recaudo y la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios. Otra solidaridad adicional surge de los recursos destinados a enfermedades graves tal y como ocurrió con las personas que pasaron por UCI como consecuencia del covid-19 sin tener que asumir el costo.
Evidentemente hay mejoras por hacer en cuanto al flujo de recursos y la eficiencia de hospitales, la salud pública (prevención) y la atención en zonas rurales y pequeños municipios. Además, se requiere ampliar la formación de especialistas para reducir las demoras en ese tipo de atención así como un robusto y obligatorio sistema de información a partir de registros administrativos que permitan conocer el detalle de la carga de enfermedad, pagos y deudas.
Se puede avanzar sin tirar por la borda los grandes progresos en materia de salud. Estatizar componentes neurálgicos del sistema cuando han existido pésimas experiencias y favorecer los intereses sindicales del sector significa correr diversos riesgos (fiscales, colapso de la atención, etc.) como lo señaló el ministro Gaviria. El Congreso tiene ahora la palabra, ojalá prime el interés colectivo. .
