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Columnistas | PUBLICADO EL 02 septiembre 2022

Motivos serios de preocupación

Decisiones de tal calibre requieren debido conocimiento, raciocinio lógico y búsqueda del bien común; y no el impulso emotivo por hacer lo máximo durante la luna de miel que vive el gobierno.

Difícil comprender plenamente las últimas decisiones del gobierno nacional en aspectos referentes a la seguridad y defensa nacionales, que afectan también la convivencia social. Me refiero no solo a su incidencia en la coyuntura, sino a las repercusiones en el mediano y largo plazo.

¿Qué puede suceder con la cohesión, motivación y eficacia de la Fuerza Pública después del retiro obligado de un alto porcentaje del cuerpo de generales? ¿Cuál será la reacción de los grupos delincuenciales ante la prohibición de bombardear sus madrigueras, cuando la supremacía aérea constituye el factor más intimidatorio para su accionar, pero ahora se les permite blindarse con escudos humanos de menores llevados a la fuerza? ¿Cuál el efecto de otorgarle a los alcaldes mando operacional sobre las unidades militares acantonadas en sus municipios, violando la normatividad vigente, las jerarquías, la línea de mando y la estructura piramidal, esenciales en toda estructura militar conocida?

¿Cuál el mensaje a la comunidad internacional con la ausencia de la representación de Colombia en la reunión de la OEA, durante la votación de la resolución que condenaba a Nicaragua por la violación de los derechos humanos? ¿Tiene ello alguna incidencia positiva en la solución de la controversia sobre la delimitación marítima?

Decisiones de tal calibre requieren debido conocimiento, raciocinio lógico y búsqueda del bien común; y no el impulso emotivo por hacer lo máximo durante la luna de miel que vive el gobierno. El riesgo es, como decían las abuelas, que después del ojo afuera no habrá Santa Lucía que valga. La advertencia es que se hace camino hacia la seguridad humana mediante la construcción colectiva social y no mediante saltos con garrocha apalancada en la improvisación o la mala intención.

Dentro de la misma temática, un aspecto que demanda solución con inteligencia, conocimiento y prontitud es la reconstitución del principio de autoridad, cada día más desvencijado.

Casos como el desconocimiento de la autoridad de la Fuerza Pública por parte de algunas agrupaciones indígenas; los ataques brutales de algunos manifestantes a miembros del Esmad durante expresiones de protesta social, donde asumieron actitud provocadora, confrontacional y delictiva (ceteris paribus); y la agresión criminal en Chía de un desadaptado a un policía que lo convocaba a una requisa, todos son señales, entre otras, de irrespeto a quienes tienen por función proteger la vida, honra y bienes de cada uno de los habitantes del país y velar por el cumplimiento del orden constitucional.

Max Weber, quien inspiró el modelo burocrático que hoy rige la civilización occidental, se refiere a la autoridad como la dominación legítima del poder que se acepta por convicción y no por coacción. De sus escritos se colige que la Fuerza Pública es una organización burocrática que actúa en nombre del Estado, con niveles jerárquicos, autoridad delegada y medios legítimos para lograr la obediencia consensuada de la comunidad.

El principio de autoridad está en crisis, dentro de quienes mandan y dentro de quienes obedecen. Hay muchas cosas para revisar, por supuesto, pero ello debe hacerse con vocación de Estado y sin revanchismo

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