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El decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la llamada emergencia económica, lejos de introducir una corrección técnica al sistema eléctrico colombiano, constituye un atajo político tan vulgar como desesperado, propio de un Ejecutivo que entra en la recta final de su mandato sin resultados que exhibir en uno de los sectores más estratégicos del país.
Bajo el lenguaje eufemístico de la protección social, la norma habilita una transferencia forzada de recursos desde los agentes eficientes hacia empresas intervenidas que concentran los peores indicadores de gestión del sistema eléctrico. No se trata de un ajuste contractual ni de un acuerdo sectorial, sino de la apropiación directa de energía producida bajo riesgo privado y capital intensivo. Esa exigencia altera la lógica elemental del mercado eléctrico, fundada en precios, contratos y señales de inversión, y redefine por vía excepcional la relación entre el generador de energía y el sistema interconectado nacional. En el sector eléctrico, las utilidades no flotan como excedentes disponibles, sino que surgen de inversiones igualmente billonarias destinadas a garantizar capacidad firme, respaldo térmico, confiabilidad hidráulica y expansión de la oferta.
La situación de la Costa Caribe, invocada como fundamento de la emergencia, responde a un proceso de larga data. Atraso persistente en inversión, recaudo insuficiente y deterioro financiero progresivo conforman un cuadro conocido por todos los actores del sector. El mensaje que deja la norma resulta difícil de disimular. Al modificar las reglas bajo las cuales se tomaron decisiones de inversión que comprometen décadas, instala la idea de que el sector eléctrico puede ser intervenido según la urgencia del momento. En un sistema que se construye a largo plazo, esa lógica desordena decisiones, enfría expectativas y debilita una estructura que ya exhibe signos de alta tensión. Con la demanda de energía en aumento y la oferta de expansión rezagada, convertir a la generación en fuente de rescate permanente equivale a hipotecar la seguridad energética del país.
Ese giro responde a una forma de ejercer el poder que Petro ha desplegado con consistencia, convertir sectores complejos en escenarios de confrontación política, deslegitimar la técnica cuando limita la decisión presidencial y gobernar por decreto aquello que no logra ordenar por gestión. El sector eléctrico, por su centralidad y su historia de éxito institucional, se vuelve entonces un objetivo privilegiado que funciona como un bastión público poco frecuente, un conglomerado institucional que, tras el apagón de 1992-1993, aprendió a blindarse frente a la improvisación y el clientelismo. De allí surgió un modelo con reglas estables, regulación especializada y operación técnica continua, capaz de sostener el servicio, ampliar la oferta y atraer inversión sin convertir la energía en botín burocrático.
Precisamente por eso el sector incomoda al gobierno cuando este se acostumbra a decidir por impulso. Intervenirlo supone afirmar que incluso un sistema concebido para resistir el capricho puede ser torcido por decreto y que un orgullo institucional puede degradarse hasta operar como caja de rescate.
