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El día de ayer, el Senado realizó el debate de control político al Gobierno Nacional por la declaratoria de emergencia económica (Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025), con la que Gustavo Petro pretende recaudar $16 billones aumentando la carga de impuestos a los colombianos; dicho sea de paso, el monto corresponde a lo que se proyectaba con la reforma tributaria (ley de financiamiento) que el Congreso no aprobó.
El Gobierno ha expedido dos Decretos Legislativos en desarrollo de la emergencia declarada; el primero, 1474 del 29 de diciembre de 2025, que 20 Gobernadores van a demandar y expresaron su decisión de inaplicar por ser inconstitucional y afectar gravemente los ingresos departamentales destinados a la salud, el deporte y la educación; y el Decreto 0044 del 21 de enero de 2026, que establece medidas relacionadas con el servicio público domiciliario de energía eléctrica, motivando serias y graves preocupaciones, comoquiera que plantea condiciones insostenibles para los generadores y pone en riesgo de colapso el modelo de prestación del mismo.
En primer lugar, el Gobierno optó por una solución desequilibrada, trasladando la carga de financiación exclusivamente al sector generador, pese a que la situación no fue provocada por este y a que ello desconoce el principio de distribución equitativa de las cargas; convirtiendo a los generadores en financiadores forzosos del sistema, que, como el caso de la empresa intervenida Air-e, les adeuda cerca de $1,2 billones (especialmente a generadores térmicos), sumada a obligaciones adicionales por más de $500.000 millones. El Gobierno impuso a los generadores contribuciones y aportes en especie, para cubrir las deudas de las que son acreedores, conllevando grave riesgo de afectar su liquidez y la capacidad de inversión del sector eléctrico en momentos en que el país enfrenta un déficit estructural de energía en firme y riesgo de desabastecimiento. Además, a mediano y largo plazo, el Decreto reafirma la percepción generalizada de inseguridad jurídica y la consecuente pérdida de previsibilidad del sector, desincentivando la inversión nacional y extranjera. Así, pasamos del ‘chu chu chu’ del sistema de salud, al del energético.
El debate dejó en evidencia que, como lo plantea la solicitud del Magistrado Camargo a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que se suspenda provisionalmente el Decreto 1390, la emergencia económica declarada por Petro es inconstitucional por vicios insubsanables de forma y materiales, ya que desconoce reglas de validez previstas en el artículo 215 de la Constitución, y fue mal expedido al ser suscrito por ministros cuyo encargo no es claro; además, se incumplió con la motivación exigida para la adopción de una medida excepcional. No obstante lo previsto en el artículo 215, el Gobierno optó por justificar la emergencia económica en una retórica genérica e insustancial, que no explica su necesidad y razonabilidad, a través de la exposición seria y soportada de las causas sobrevinientes y extraordinarias que supongan una perturbación grave e inminente del orden económico y social.
Este Decreto de Emergencia y los que lo desarrollan, son muestra del desprecio de Petro por el sistema democrático, la división de poderes, y pesos y contrapesos, así como su irresponsabilidad en el manejo económico. Esperemos que en pocos meses cese la horrible noche.
