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En Colombia, el discurso de la transición energética se ha posicionado como el eje central de la agenda pública. El entusiasmo por una matriz “limpia” ha inundado el debate con promesas de sostenibilidad; sin embargo, mientras el relato gubernamental corre a velocidades de fibra óptica, la infraestructura física del país —aquella que verdaderamente sostiene el sistema eléctrico— parece atrapada en un eterno trancón burocrático y técnico.
Podemos cubrir La Guajira de parques eólicos y el Cesar de granjas solares, pero sin las “autopistas eléctricas” (líneas de alta tensión) necesarias para transportar esa energía al centro del país, estos proyectos no serán más que monumentos al idealismo ineficaz. Mientras la electricidad permanezca atrapada en su lugar de origen, el país apenas habrá sembrado símbolos tecnológicos sobre el paisaje.
Actualmente, proyectos estratégicos de transmisión acumulan años de retraso debido a licencias ambientales complejas, consultas previas interminables y una evidente falta de coordinación institucional. Con una demanda que crece al ritmo de la electrificación moderna, la red actual está llegando a su límite. No obstante, entre los centros de producción y las ciudades que requieren iluminar barrios o sostener hospitales, persiste una carencia poco rentable para la propaganda: las redes de transmisión son insuficientes, están envejecidas y llegan tarde. Además, la inestabilidad en las reglas de juego y una narrativa que prioriza la ideología sobre el rigor técnico han frenado la inversión privada indispensable para expandir el sistema.
Para que la transición sea una realidad, se requieren líneas de alta tensión, subestaciones robustas, servidumbres resueltas y autoridades capaces de decidir en plazos razonables.
El caso del proyecto la Colectora debería leerse menos como una dificultad aislada y más como una radiografía institucional. La línea destinada a transportar buena parte de la energía renovable del Caribe hacia el Sistema Interconectado Nacional debió entrar hace años y convertirse en muestra de capacidad pública. Terminó convertida en inventario de demoras. Acumula cerca de cuatro años de retraso y más de 250 consultas previas. Sus sucesivos retrasos y modificaciones de trazado exponen una vieja costumbre nacional: en Colombia primero se inaugura la expectativa y, años después —si hay suerte—, la obra.
A esto se suma un desafío silencioso y peligroso: integrar fuentes variables, como la solar y la eólica, exige inversiones adicionales en estabilidad, control y tecnologías de respaldo. Son obras que no generan aplausos, pero que deciden si el futuro será de confiabilidad o de sobresaltos. Si no se prioriza la modernización de las redes y se destraban los proyectos de transmisión, la “transición justa” terminará siendo el prólogo de un nuevo apagón.
Es hora de aterrizar el debate: menos adjetivos en los discursos y más kilómetros de cableado en el territorio. En el sector eléctrico, la única realidad tangible es el suministro. Porque una energía que no puede transportarse es, sencillamente, energía que no existe. Sin infraestructura de transporte, cualquier plan de transición es, simplemente, discurso y oscuridad.
