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Colombia ya conoce el precio de administrar la energía tarde. El apagón de 1992-1993 alteró la vida cotidiana y dejó una lección costosa sobre la fragilidad de un país que descubrió, a oscuras, que la electricidad depende de reglas estables, inversión sostenida y memoria institucional. Tres décadas después, la ineptitud oficial empieza a desempolvar fantasmas que parecían archivados: desabastecimiento, presión sobre el gas natural y amenaza de racionamiento.
La advertencia del Consejo Gremial Nacional, al afirmar que solo un “milagro” evitaría el colapso energético, muestra hasta qué punto se deterioró la confianza en la gestión pública. Cuando los gremios productivos empiezan a hablar en términos de fe, el Estado ya ha perdido parte de su autoridad técnica. Ningún sistema eléctrico se sostiene con optimismo oficial; exige inversión, planeación y seguridad jurídica, tres elementos que hoy brillan por su ausencia.
El Gobierno Nacional ha respondido con desidia ideológica. Mientras dedica su energía discursiva a presentar a las empresas del sector como culpables para su conveniencia, el sistema acumula tensiones mucho más peligrosas. Los embalses obedecen al régimen de lluvias, los pozos de gas a exploraciones hechas años atrás y la infraestructura a licencias y cierres financieros que ningún relato destraba.
La crisis actual tampoco cabe en la coartada cómoda de la sequía. Colombia siempre ha convivido con ciclos climáticos difíciles. El daño aparece cuando el fenómeno de El Niño encuentra al país con proyectos demorados, una oferta de gas estrecha, térmicas más expuestas y señales regulatorias que enfrían la inversión. En esas condiciones, la naturaleza termina sirviendo de cortina de humo para una vulnerabilidad que el propio Gobierno ayudó a inyectar en el sistema.
La transición energética, defendida con tono de superioridad moral por el Ejecutivo, adquiere rasgos de experimento político cuando confunde el deseo con la capacidad instalada. El país necesita fuentes renovables, pero la energía solar y la eólica requieren respaldo, transmisión y tiempos de ejecución que la propaganda suele borrar. Priorizar la descarbonización afectando la firmeza del sistema incrementa el riesgo de desabastecimiento, pues se eliminan los activos que garantizan la continuidad del servicio.
El gas natural concentra buena parte del cortocircuito. Debía servir como puente entre la hidroelectricidad y las renovables, pero la baja exploración, y la creciente dependencia de las importaciones han dejado ese respaldo en una zona de incertidumbre. Si las hidroeléctricas producen menos por falta de agua y las térmicas enfrentan un combustible caro o insuficiente, el país entra en una cuenta áspera. La energía prometida no reemplaza a la energía disponible.
El tiempo se agotó. El reloj corre más rápido que la burocracia y el clientelismo de las licencias ambientales y las consultas previas. La naturaleza no negocia con ideologías y, cuando la sequía se profundice, el déficit del sistema terminará por desconectar la red de un país que prefirió el espejismo de una transición energética hacia las velas y el atraso, por encima de la dura realidad del sector eléctrico.
