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La primera vuelta reveló un nuevo bipartidismo y un giro hacia los extremos; mostró además una nueva forma de hacer política: un fenómeno digital que, más que votos, gestiona emociones desbordantes, como lo ha señalado Aldo Cívico. Dos hechos adicionales marcaron esa jornada con especial gravedad: los discursos agresivos de Cepeda y De la Espriella, que, en palabras del escritor William Ospina, “insisten en una polarización retórica enfermiza y excluyente”; y un presidente y sus seguidores que no reconocen los resultados del 31 de mayo. Ambos hechos ponen en riesgo la democracia y crean las condiciones para reproducir el conflicto y prolongar la violencia política. La segunda vuelta nos lleva entonces a elegir, como bien lo dice Granés, entre “dos versiones del desprecio y el resentimiento, dos formas de negar y ningunear a la otra mitad del país”. No podría ser más dolorosa esta encrucijada, propia de ese “país de las emociones tristes” que describe con lucidez el ensayo de Mauricio García.
Frente a ese escenario, no queda más que un llamado urgente e inaplazable: antes del 21 de junio, un acuerdo político de voluntades entre De la Espriella, Cepeda, los partidos políticos, y sectores clave de la sociedad civil. Ese acuerdo debe sustentarse en cinco compromisos. Primero, reconocer sin ambages los resultados del 31 de mayo y los del 21 de junio, sin insinuar fraude ni promover alzamientos al margen de la ley. Ello incluye que las Fuerzas Armadas y la Policía acaten los resultados y preserven el orden constitucional. La Registraduría y los observadores internacionales han demostrado la solidez del sistema electoral colombiano: esa confianza da certeza.
Segundo, acordar la preservación de la democracia, la separación de poderes y la Constitución del 91, así como la garantía de la libertad individual y económica, los derechos de la oposición y la protección de las minorías. Estos dos primeros puntos son la médula del acuerdo y deben estar acompañados de uno tercero: la no polarización.
Cuarto, mantener el Acuerdo de Paz de 2016 y la JEP. La mano dura por sí sola, en las circunstancias actuales, puede escalar el conflicto; recobrar la institucionalidad del Estado en las regiones más afectadas por la inseguridad es una tarea distinta y necesaria. Y quinto, como horizonte irrenunciable: un propósito colectivo e inquebrantable de erradicar la pobreza y generar prosperidad y desarrollo humano para todas las regiones del país.
Finalmente, un llamado al centro: a Fajardo, a Claudia López, a Oviedo, a Humberto de la Calle, a Cecilia López, a Alejandro Gaviria, a Iván Marulanda y a muchos más. Ellos pueden, y deben, contribuir a construir puentes para ese acuerdo. Y tienen además una tarea histórica más profunda: impulsar un liberalismo renovado para el siglo XXI, más humanista, que reconstruya comunidad, cooperación y el sentido de lo compartido, como lo proponen De la Calle, Aldo Cívico y Andrés Casas. Las ideas liberales no pueden sucumbir ante los dos extremos que hoy se disputan el poder. Esa es la esperanza de la que habla Han. Y Colombia la necesita.
