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El Dane publicó recientemente los resultados de mercado laboral; el comunicado de prensa titulaba que “en marzo de 2025, la Tasa de Desocupación en el total nacional fue del 9,6%” el cual se compara favorablemente con el desempleo del mismo mes del año anterior (11,3%). Se señalaba, además, que la proporción de población ocupada informal para el mes de marzo de 2025 aumentó 1,6 p.p. en el total nacional alcanzando el 57,7%. Sin embargo, un análisis detenido muestra tres hechos primordiales: lo que más contribuyó a la generación de empleo en este período fue el empleo informal: la ocupación total creció 4,6% y la informalidad contribuyó con 3,6 pp; la informalidad siguió creciendo en ciudades con tasas elevadas como Popayán, Quibdó y varias capitales costeñas: tasas entre 60.0% y 69,0%. Por último, la informalidad que venía reduciéndose después de pandemia creció nuevamente este año.
Estos resultados ponen de manifiesto la contradicción del gobierno entre la política, la realidad y las acciones. Ni la reforma laboral ni la consulta buscan incidir en la informalidad justo cuando el sector informal es el mayor generador de empleo.
Pero no solo las cifras anteriores señalan la importancia de incidir en la informalidad; una detallada caracterización de los vendedores informales en Medellín (4U, Universidad Eafit, Icesi, UniNorte y CESA) destaca la importancia de una política pública y legislación con el fin de reducir la informalidad y promover la generación de empleo formal.
Según dicho estudio, casi la tercera parte (30.0%) de los vendedores ambulantes tienen más de 60 años “sin una seguridad financiera adecuada y dependen de los ahorros personales y el apoyo familiar” para tener recursos para la vejez. Los bajos niveles educativos caracterizan a este segmento del sector informal: El 24,0% tiene primaria incompleta y el 26.0% completa, y tan solo el 19,0% tiene secundaria completa. Un 63.0% de los encuestados tienen más de 10 años en dicha actividad informal y el desempleo es el factor que más influye en ésta. Por último, el 86,0% de dichos vendedores llevan el registro de sus cuentas en un cuaderno o en la mente, y una tercera parte se financia mediante el conocido gota a gota.
Dicha caracterización denota que hay mucho por hacer desde las normas laborales en conjunción con una adecuada política pública más allá de favorecer la antigüedad en el trabajo o las aspiraciones sindicales de aquellos que si tienen el privilegio de tener un trabajo formal. Aquí se configura una gran injusticia en contra de los primeros, al no tener estos la capacidad de movilización y paro, y, además, ni la voz y el poder político que el gobierno les concede a los trabajadores formales sindicalizados. Fortalecer la educación básica y media, reformar el SENA, apoyo a emprendedores y mipymes y promover la creación de empleo formal, son asuntos fundamentales. Desafortunadamente nada de esto hace parte ni de la reforma laboral ni de una agenda prioritaria gubernamental; ante esta situación, los alcaldes y gobernadores podrían hacer una labor adicional a la atracción de nuevas inversiones.
