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No es normal la tolerancia que en nuestro país existe cuando el corrupto es el jefe del Estado y lo son los de su círculo más íntimo. Cuando a lo largo de todo el Continente se han caído muchos presidentes por escándalos de corrupción y alguno se ha suicidado, acá Samper salvó impune el 8.000 y Santos también la financiación de Odebrecht. El presidente de la República tiene garantizada su impunidad por estos lares.
Una de las razones que explica tales consideraciones con los presidentes es el afán del “establecimiento” de garantizar la estabilidad del gobierno. Es, al menos en parte, comprensible: son tales el desorden usual y la violencia que la continuidad gubernamental genera algo de tranquilidad. Se suma, además, la cultura civilista que explica la ausencia de golpes de estado y que pareciera se extiende también a evitar la salida del jefe de gobierno incluso por los motivos y los procedimientos que la misma Constitución establece.
No ayuda, por supuesto, la debilidad de muchos congresistas por dinero y contratos, en especial los de la Comisión de Acusaciones. Bien ha hecho la Suprema en pedirle a la Comisión la documentación sobre la investigación que debería estar adelantando contra Petro. En el marco de la Comisión tienen funciones judiciales y es su deber cumplirlas con estricto apego a la ley y sin consideraciones políticas. De otra manera, prevarican. Están advertidos.
Influyen también los excesivos poderes del Presidente, algunos de los cuales le permiten tener Fiscal de bolsillo. Por esa vía neutralizan las investigaciones contra los suyos o, peor, usan la entidad para desacreditar e intimidar a sus contradictores y a los denunciantes.
Parece ser el caso de Camargo. Por un lado, nada avanza el ente investigador en los escándalos que involucran a Nicolás y Juan Fernando Petro, Verónica Alcocer, Ricardo Roa, Euclides Torres, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Xavier Vendrell y Manuel Grau. Tampoco se mueven los de los vinculados a la UNGRD, entre ellos Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González. Ni el de Guillermo Jaramillo y la narco avioneta de la campaña. Por el otro, la Fiscal evita la orden de captura contra Papá Pitufo, aparta al fiscal que capturó al primogénito y ahora parece perseguir al funcionario y al investigador del CTI que llevaban las pesquisas en ese caso.
Y, como si no hubiera suficiente, más del escándalo del zar del lavado de activos. De una reunión con el MinDefensa se filtró información al contrabandista. Petro se reunió no una sino dos veces con el mismo. El supuesto video de devolución de la plata no aparece. Y la DIAN... Roy Barreras pidió direcciones y amenazó como si fuera un vulgar mafioso, según los medios. El hermano del Presidente fue con la mano derecha del Pitufo a hablar con el director para pedirle nombramientos en Buenaventura. De Presidencia hicieron lo mismo. Y el director nombró la ficha de Carlos Ramón González, ficha que, a su vez, nombró al recomendado de Juan Fernando Petro. Mientras tanto, el presidente premia al fulano de la DIAN con el Ministerio de Comercio.
Insisto, con tanta información sobre actuaciones delincuenciales, confesada por el mismo círculo petrista, otro presidente se hubiera caído. O lo hubieran obligado renunciar. Aquí, en cambio, sigue tan campante defendiendo a criminales como Araña y debilitando a la Fuerza Pública, sembrando odio y caos, haciendo daño.
