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Cuando escuchamos hablar del Acuerdo de Escazú, muchos imaginan una encopetada cumbre internacional, un tratado lejano o una discusión reservada para juristas y diplomáticos. Pero Escazú no es eso. Empieza mucho más cerca; en el árbol que van a talar sin explicaciones, en la quebrada contaminada, en el ruido que no deja dormir, en la mala calidad del aire que respiramos o en una comunidad que quiere ser escuchada antes de que una decisión transforme su barrio. Como ocurre hoy en el barrio Astorga, una cuadra abajo del Parque El Poblado, donde se pretende cambiar un espacio público verde por cemento y ruido. Ojalá la Alcaldía de Medellín escuche a los vecinos.
Eso es, en esencia, el Acuerdo de Escazú; una herramienta para fortalecer el diálogo y la democracia ambiental. Su propósito es sencillo y poderoso. Garantiza que las personas y las empresas puedan acceder a información ambiental clara y oportuna, participar en las decisiones que afectan su entorno y acudir a la justicia cuando sus derechos sean vulnerados. Además, es el primer tratado del mundo que reconoce la obligación de proteger a quienes defienden el ambiente.
He acompañado este proceso desde sus primeros años en Colombia, convencido de que Escazú ayuda a construir mejores acuerdos. Escuchar desde el principio evita conflictos, mejora los proyectos y fortalece la confianza entre las instituciones, las comunidades y las empresas.
Escazú también beneficia al sector productivo. Cuando la información es transparente, las comunidades participan desde las etapas iniciales y existen reglas claras para resolver los conflictos, aumenta la seguridad jurídica y disminuye la incertidumbre para la inversión. Un proyecto construido con diálogo tiene muchas más posibilidades de salir bien que uno impuesto. Por eso, Escazú no favorece a un solo sector; fortalece las reglas de juego para todos y brinda mayor estabilidad jurídica frente a cambios de criterio por parte de las autoridades ambientales.
Después de varios años de espera, el Ministerio de Ambiente presentó por fin la hoja de ruta para implementar Escazú en Colombia. Ahora el objetivo es convertir esos compromisos en acciones concretas dentro de las entidades públicas y en los territorios. Escazú solo tendrá sentido si deja de ser un documento y se convierte en una práctica cotidiana de transparencia, participación y justicia ambiental.
Esa implementación también depende de la ciudadanía y el Mecanismo Público Regional es el espacio mediante el cual cualquier persona puede seguir los avances del Acuerdo de Escazú y elegir a las personas que representan al público en América Latina y el Caribe. Las inscripciones para integrar el censo electoral estarán abiertas hasta el 31 de julio. Registrarse toma dos minutos y permite participar en las elecciones de este año. La inscripción puede hacerse en www.publicoescazu.cepal.org/es-CL/.
Escazú no trata únicamente de proteger la naturaleza. Trata de proteger nuestro derecho a decidir, a ser escuchados y a construir ciudades más justas. Porque cuidar el ambiente también es cuidar a Medellín y a Antioquia.
