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Uno de los más recientes intentos de Nicolás Maduro por salvar su pellejo, roza lo grotesco. Ni en la Rosa de Guadalupe, con sus ráfagas milagrosas y sus guiones inverosímiles, habríamos visto semejante espectáculo. Videos cuidadosamente editados muestran al dictador recorriendo astilleros, supervisando incautaciones y movilizando tropas como si de repente hubiese descubierto la gravedad de un crimen que durante años negó.
No es casual. Para Estados Unidos, Maduro ya no es presidente de Venezuela: es un usurpador convertido en narcotraficante, un peligro para la seguridad del país más relevante en el ajedrez geopolítico mundial. Así lo confirmó el Departamento de Justicia cuando, con jugosas recompensas -como hizo otrora con Pablo Escobar-, acusó a Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López de encabezar el llamado Cartel de los Soles. Ante ese señalamiento, el régimen no halló otra salida que un sainete improvisado para fingir compromiso en la lucha contra un flagelo del cual son protagonistas.
De la noche a la mañana, funcionarios que durante años hicieron parte de la maquinaria criminal aparecieron en uniforme de campaña, dispuestos a derrotar una amenaza que ellos mismos alimentan. Se habló de la movilización de más de cuatro millones de milicianos, del despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia, de la destrucción de astilleros ilegales y del envío de embarcaciones militares al Caribe. El guion parecía impecable: “un país entero al servicio de un líder comprometido con la seguridad global”.
Pero cualquiera con un mínimo de sentido común entiende que aquello no es más que una escenografía desesperada. Si durante años negaron la existencia del Cartel de los Soles, ¿cómo se explica este súbito frenesí militar y propagandístico? Se trata de una puesta en escena que busca mostrar iniciativa justo cuando la amenaza de intervención internacional se cierne con fuerza.
Hasta ahí, el cinismo es coherente con la lógica de un régimen criminal. Lo inadmisible es que Colombia se preste para semejante farsa. Que Gustavo Petro ponga a disposición de Maduro a nuestras Fuerzas Armadas para completar la coreografía, es un despropósito que raya con la traición. Nuestros soldados convertidos en los figurantes que soplan el viento milagroso en la Rosa de Guadalupe, o en el niño disfrazado de árbol -sin parlamento alguno- en la obra escolar: simples extras en una obra barata que busca dar oxígeno al dictador venezolano.
Más grave aún: tales acciones exceden las competencias presidenciales. La Constitución colombiana es clara. El artículo 173 establece que corresponde al Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República” y, por extensión, toda colaboración militar binacional requiere aval legislativo. Ningún presidente puede, por capricho personal o deuda ideológica, comprometer la soberanía y la seguridad de Colombia. Hacerlo es violar la Carta Magna, arriesgar vidas de soldados colombianos y someter los intereses de la patria a los de un cartel narcotraficante.
El trasfondo de esa sumisión se explica en dos certezas. Por un lado, la deuda política que Petro contrajo con el régimen venezolano, fruto de la cooperación oscura que permitió su triunfo electoral en 2022. Un servilismo que lo obliga a figurar como actor secundario en un guion disparatado. Segundo, la certeza de que una porción de la clase política colombiana, cómplice por acción u omisión, garantizará su impunidad. Así, convertido en aliado del Cartel de los Soles, Gustavo Petro y el remedo de Ministro de defensa que tenemos, comprometen tropas y soberanía, convencidos de que nadie les pedirá cuentas. ¿Estamos dispuestos a permitirlo o vamos a enfrentarlos de una vez por todas, exigiendo justicia implacable y responsabilidad política con castigo en las urnas?
Nota: La experiencia venezolana enseña que una vez se erosiona la independencia de las cortes, muere la democracia. El 3 de septiembre, cuando el Senado elija al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, votar por la señora Balanta significaría entregar a Petro las mayorías absolutas, transformando al último bastión institucional en huestes de su modelo ideológico. En ese desenlace, ni la Rosa de Guadalupe podrá soplar el aire fresco de la libertad.
