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Juan Manuel Santos, en un rapto de sinceridad reciente, reconoció lo que siempre supimos: Los acuerdos con las FARC desconocieron la voluntad popular expresada en el plebiscito de 2016 y fueron legitimados a la fuerza por una Corte Constitucional que, lejos de actuar como garante independiente, se sometió al mando del hoy Nobel. Ese, también es el origen espurio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que más que tribunal se ha convertido en una jurisdicción de papel, costosa, ineficaz y, sobre todo, injusta.
La JEP fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017 y consolidada en la Ley Estatutaria 1957 de 2019. En teoría, debía ser el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En la práctica, ocho años después, solo exhibe unos resultados inanes, cuando no injustos, y un valor escandaloso de 3,44 billones de pesos. Semejante despilfarro, aunado al costo democrático de desconocer un mandato popular, debería al menos verse equilibrado con sentencias que dignificaran a las víctimas. Sin embargo, tras casi una década de funcionamiento, apenas hasta septiembre de 2025 se profirió la primera sentencia restaurativa. Un fallo tardío, insuficiente y ofensivo.
La decisión, dictada contra 7 exintegrantes del último Secretariado de las FARC, reconoce lo evidente: La guerrilla ejecutó una política sistemática de secuestros, con 21.396 víctimas documentadas, de las cuales 4.325 aportaron pruebas directas a la JEP. Se ratificaron crímenes de lesa humanidad y de guerra: homicidios, tortura, desapariciones forzadas, esclavitud y violencia sexual. Se consignaron testimonios de soldados y policías violados, de mujeres empaladas, de víctimas con lesiones irreparables en la matriz, de una infamia tras otra que, con el paso del tiempo, han pretendido empiecen a convertirse en solo una cifra más de nuestra sangrienta historia.
Al final, y como muchos lo anticipamos aunque “los defensores de la paz” nos lo negaban inescrupulosamente, la sanción impuesta fue una burla resumida en 8 años de trabajos restaurativos, con restricciones de movilidad, pero sin un solo día de cárcel. La cúpula de las FARC podrá seguir paseándose por el Congreso, dictando cátedra de moral, mientras las familias de sus secuestrados recuerdan su dolor y su muerte en silencio. Más grave aún, el fallo abre un flanco internacional. El Estatuto de Roma exige sanciones genuinas para crímenes de lesa humanidad. Aquí, lo que se ofrece es impunidad disfrazada de restauración. No será extraño que sobrevengan acciones ante la CPI o ante jurisdicciones universales: cuando un Estado bloquea la justicia -y bloquear no es solo negarla, sino expedir sentencias que la burlan- el derecho internacional tiene que intervenir.
El doble rasero es también escandaloso. Mientras a los máximos responsables de la guerrilla se les concede la comodidad de una especie de alfabetización de décimo grado, la misma JEP condena esta semana a 12 militares del batallón de la Popa por los llamados “falsos positivos”. Forzados a aceptar responsabilidades que probablemente no les correspondan, enfrentan el chantaje institucional. Si reconocen culpa, un máximo de 8 años; si se niegan, arriesgan hasta 20 años de cárcel en juicios ordinarios.
Estímulo perverso ese, pero sobre todo ilegítimo. Ilegítimo en su origen -porque la ciudadanía rechazó los acuerdos- y perverso en su mensaje: En Colombia, ser victimario paga; sacrificarse por la patria se castiga.
Los acuerdos de Santos, confunden reconciliación con claudicación y justicia con simulacro. La verdadera discusión no es cómo reconciliar bandidos con ciudadanos, sino cómo preservar el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Ninguna sociedad civilizada sobrevive cuando la norma se transa al capricho de los criminales que gozan de privilegios políticos y económicos negados a quienes nunca delinquieron. La JEP, es una Jurisdicción Especial de Papel que no solo revictimiza a miles sino que de forma cómplice, garantiza que el narcotráfico y la violencia sigan perpetuándose, mientras los responsables se ríen de sus víctimas desde su cómoda curul.
