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A tres días de una elección presidencial que parece encaminada a producir un cambio político profundo en Colombia, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo ha decidido acusar al presidente Álvaro Uribe Vélez.
Aunque cada ciudadano tiene derecho a sacar sus conclusiones, sería ingenuo pretender que una decisión de semejante magnitud ocurre aislada de tensiones, símbolos y consecuencias políticas del momento que vive el país. No hace falta ser perspicaz para entender que una determinación de este calibre no surge de la nada. Difícil creer que todo se reduce a la reflexión solitaria de una funcionaria encerrada en su despacho, ajena al ruido del país. Las decisiones humanas, con semejante impacto, suelen estar precedidas por análisis, evaluaciones de escenarios y cálculos sobre sus efectos. Pensar lo contrario sería desconocer cómo funcionan las instituciones, la política y el poder.
Por eso las suspicacias son inevitables. Por el momento escogido. Porque la noticia estalla cuando el gobierno atraviesa dificultades políticas, controversias públicas y problemas judiciales que rodean a figuras cercanas al oficialismo. Porque algunos sectores parecían anticipar que algo venía en camino, como si conocieran de antemano el libreto. Cada elemento podría explicarse por separado. Pero cuando todos coinciden en el tiempo, las preguntas aparecen.
En democracia las preguntas no son un delito sino una obligación. La izquierda ha dedicado más de dos décadas a intentar derrotar políticamente a Uribe en plazas, medios, universidades, Congreso y tribunales. Sin embargo, no ha logrado borrar su influencia sobre millones de colombianos. Allí radica buena parte de la obsesión que despierta su figura. Uribe representa un adversario que no han conseguido doblegar, una referencia política que continúa teniendo un peso determinante en la conversación nacional. Más aún cuando el proyecto político del petrismo atraviesa su momento de mayor desgaste.
Después de años de promesas incumplidas, crisis ministeriales, improvisaciones y confrontaciones, el gobierno enfrenta el juicio más severo, el de los ciudadanos. Cuando las urnas comienzan a enviar señales desfavorables, algunos sectores parecen convencerse de que lo que no puede lograrse mediante persuasión política puede intentarse mediante el golpe mediático y judicial.
Las coincidencias son demasiadas para pasar inadvertidas. El momento de la decisión, las controversias que rodean al gobierno, las señales previas de voceros del oficialismo y la necesidad de cambiar la conversación pública, alimentan dudas difíciles de ignorar. A ello se suman circunstancias que despiertan interrogantes. La fiscal delegada que impulsa la acusación estuvo vinculada a la JEP. La cercanía conocida entre la fiscal general y el exministro Iván Velásquez, una de las figuras más enfrentadas al uribismo, tampoco ayuda a disipar las dudas.
Tal vez todo tenga una explicación institucional. Las apariencias cuentan. La confianza en la justicia exige no solo independencia real, sino independencia que resulte creíble ante los ojos ciudadanos. Da la impresión de que algunos pretenden un acto de magia. Un abracadabra judicial capaz de producir en tres días lo que no han conseguido años de confrontación política. Los prestidigitadores suelen olvidar una verdad elemental. La magia funciona mientras el público no descubra el truco. Colombia mira con desconfianza ciertos espectáculos. Cada vez más ciudadanos distinguen entre justicia y espectáculo. Mañana será la ciudadanía la que decida el rumbo del país y el cierre de este ciclo político. Los gobiernos pasan. Las maniobras pasan. Los trucos pasan. Pero la voluntad soberana de los colombianos, permanece.
