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La realidad hoy es que las Entidades Promotoras de Salud -EPS- creadas con la Ley 100 de 1993 llegaron a su fin. La mayoría se liquidaron y las que quedan tienen sus días contados. Fueron un símbolo del Sistema de Seguridad Social en Salud, columna vertebral del modelo de pluralismo estructurado instaurado con esta Ley que permitió avances significativos en materia de cobertura e indicadores de salud de los colombianos.
En las que quedan el panorama es sombrío: la mitad están intervenidas por el gobierno, las mejores y con mayor número de afiliados decidieron retirarse y las restantes aceptaron convertirse en Gestoras de Riesgo ante la amenaza de ser tomadas por el gobierno. Figura poco clara en su utilidad y funciones limitada a la revisión de facturas por la que recibirían un 8% de la UPC, monto exagerado teniendo en cuenta que cualquier entidad especializada en auditoría no cobraría más del 1%.
El derrumbe de las EPS y con ellas del modelo de seguro social público-privado, comenzó cuando la Corte Constitucional determinó que los recursos de salud eran de naturaleza pública, propiedad del Estado y destinados exclusivamente a pagar las atenciones a sus afiliados. A lo anterior se sumó un pronunciamiento de la Contraloría General, quien determinó que los excedentes que tuvieron algunas EPS en la pandemia por Covid-19 debieron haber sido devueltos al Gobierno sin siquiera haberse podido utilizar para pagar los servicios adeudados.
Lo anterior significa que una EPS no puede usar la UPC para nada distinto de sufragar los servicios que demanden sus afiliados y si hay algún excedente, restituirlo al Estado, lo que automáticamente las convierte de aseguradoras a administradoras de un recurso público. Pero, insólitamente si la UPC, históricamente desfinanciada, no alcanza para costear las atenciones, estas deben cubrir los faltantes de su patrimonio y asumir el desprestigio generado por las limitaciones en los servicios que ello les impone. Es decir, si hay utilidades, pertenecen al Estado, pero si se producen pérdidas, las asume el dueño de la EPS.
Este absurdo planteamiento elimina cualquier incentivo para continuar en este negocio desvirtuando de paso el modelo de seguro en el que asumían el riesgo financiero y de salud de sus afiliados, que, si gestionaban bien, tendrían el incentivo de lograr excedentes. Pero bajo estas circunstancias poco importa que la plata alcance, que sus afiliados sean más sanos o estén satisfechos. Hacer bien y mejor las cosas no paga.
Pero antes que culpar a la Corte o a la Contraloría por sus respetables conceptos que difícilmente van a cambiar, la mayor responsabilidad en esta crisis recae sobre los gobiernos anteriores que no ajustaron el esquema a estas nuevas circunstancias. Esta omisión le permitió al actual gobierno asestarle el golpe de gracia a las EPS al desfinanciar aún más la UPC. Es necesario repensar el sistema buscando nuevas alternativas para su organización entre las que no hace sentido incluir de nuevo EPS pero tampoco las Gestoras que propone este gobierno.
