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La discusión sobre equidad de género suele abordarse en Colombia desde perspectivas morales, jurídicas o simbólicas. Sin embargo, cada vez existe más evidencia de que tiene implicaciones concretas sobre el bienestar colectivo. Un reciente análisis econométrico sobre la evolución de los indicadores de salud en Colombia entre 1945 y 2019 (Morales, 2026) encontró una asociación positiva entre mayor participación de mujeres en espacios de poder político y reducción de mortalidad materna e infantil.
El estudio identificó que, a medida que aumentó la presencia de mujeres elegidas al Senado de la República y nombradas como ministras en los distintos gobiernos, mejoraron indicadores sanitarios altamente sensibles al desarrollo social. El hallazgo resulta relevante porque el modelo econométrico controla tendencias de largo plazo y múltiples factores económicos, sociales, institucionales y sectoriales, lo que sugiere que la relación observada no puede explicarse únicamente por el crecimiento económico ni por las reformas del sistema de salud.
La conclusión es importante porque históricamente la discusión sobre salud pública en Colombia ha estado concentrada en el financiamiento, la cobertura de aseguramiento o las reformas institucionales. Mucho menos atención se ha prestado a la influencia que tienen las dinámicas de representación política y composición del poder sobre las prioridades del Estado.
La experiencia internacional muestra que cuando las mujeres acceden a cargos de decisión política suelen aumentar prioridades asociadas a salud pública, nutrición, educación, protección de infancia, cuidado y reducción de desigualdades. Temas que durante décadas ocuparon lugares secundarios dentro de agendas con mayor centralidad en formulación de políticas públicas dominadas por visiones económicas y de seguridad. La reducción de la mortalidad materna e infantil constituye, además, uno de los indicadores más sensibles para medir el grado de desarrollo de una sociedad. Refleja acceso oportuno a servicios de salud, nutrición adecuada, educación femenina, infraestructura sanitaria y capacidad institucional. Que estos indicadores mejoren paralelamente con el aumento de la participación política de las mujeres sugiere que la equidad de género no es únicamente un objetivo democrático, sino también un factor asociado a mejores resultados sociales.
Colombia mantiene importantes rezagos en representación política femenina. Aunque ha habido avances graduales en el Congreso y en gabinetes ministeriales, las mujeres continúan subrepresentadas en muchos espacios de decisión pública. Persisten barreras culturales, estructuras partidistas cerradas y dinámicas políticas que limitan su acceso efectivo al poder.
No se trata de asumir que toda mujer gobernará mejor que cualquier hombre ni de convertir la identidad de género en garantía automática de buen gobierno. Las diferencias ideológicas, técnicas y éticas siguen siendo fundamentales. Pero sí parecee más claro que una participación más equilibrada de las mujeres en estructuras de poder puede modificar prioridades públicas y contribuir a mejorar indicadores de bienestar colectivo.
Quizá por ello no sería descabellado que Colombia, después de más de dos siglos de vida republicana, considere finalmente dar el paso de elegir una mujer como presidenta de la República.
