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Tal como lo demuestran las cifras de la Corte Constitucional, el uso actual de la tutela en salud está destinado mayoritariamente (96%) a exigir una mayor oportunidad en la prestación de los servicios, usualmente antes de 72 horas. Esto ha convertido a esta valiosa herramienta social en un mecanismo para saltarse la fila, estimulando la creciente aparición de rentables mercados paralelos para atender a sus beneficiarios.
La demora en la atención se origina la mayoría de las veces por causas estructurales surgidas de la insuficiencia de recursos locativos, técnicos y humanos y no por su negación explícita. Esta limitación que no es posible corregir en los exiguos plazos exigidos, genera una distorsión en la distribución de la limitada cantidad de servicios existentes para favorecer a unos pocos que colocan tutelas en detrimento de las mayorías que no lo hacen y de paso estimulando su uso.
Esto conduce a que el hospital o el profesional de la salud deban alterar sus agendas de atención para responder a esta mayor demanda, abriendo espacios u horarios adicionales a los habituales, lo que tiene un costo adicional y por tanto una tarifa superior a la que se cobraría en circunstancias normales, como también exigiendo condiciones de pago como su cancelación anticipada.
Es la bien conocida lógica económica de la mano invisible del mercado descrita hace más de dos siglos por Adam Smith: un aumento en la demanda de un bien o servicio sin que se sea posible aumentar su producción en el corto plazo dada su rigidez por la limitación de recursos, produce un incremento de sus precios.
Ante esta situación, el gerente de la entidad aseguradora se ve obligado a aceptar estas condiciones so pena de que se le abra un incidente de desacato por no cumplir la orden de inmediatez del juez y que como consecuencia de no hacerlo pueda ser objeto de una multa económica o de la privación de su libertad.
Es un castigo absurdo que desafía la lógica económica de la escasez en cualquier mercado. Es fácil comprobarlo: basta visitar cualquier entidad hospitalaria para constatar la sobreutilización de sus servicios, usualmente por encima del 100% de su capacidad regular, o revisar las agendas de los especialistas más solicitados para verificar que tienen asignadas sus citas a no menos de un mes.
Si bien es cierto que no hay estudios sistemáticos de este fenómeno lo que ameritaría hacerlos, las apreciaciones de este artículo se basan en mi experiencia personal como gerente de EPS por años, durante los que tuve más de una veintena de órdenes de multa o arresto ante la imposibilidad de cumplir el plazo ordenado por la autoridad judicial.
Esto no quiere decir que la tutela en salud no sea útil para cuando se niegan los servicios sin una justificación aparente, y menos que esté proponiendo que deba ser desmontada. Lo que se requiere es establecer unas nuevas condiciones para su uso ordenado que consulte la realidad del sector y sus limitaciones, lo que hoy no se hace.
