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El debate actual sobre la crisis del sistema de salud colombiano suele girar alrededor de una explicación recurrente que atribuye su origen al modelo institucional introducido por la Ley 100 de 1993. Bajo esta interpretación, la intermediación financiera de las aseguradoras y la participación de actores privados con ánimo de lucro, serían los responsables de las fallas que hoy lo aquejan. Sin embargo, una revisión rigurosa del problema sugiere que esta explicación resulta incompleta, sin sustento empírico, y en muchos aspectos, equivocada.
Un editorial reciente de la Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública sostiene que la crisis del sistema colombiano es estructural originada en el paradigma de mercado que inspiró la reforma sanitaria de 1993. Según este análisis, los problemas persistentes del sistema durante tres décadas demostrarían el fracaso del modelo de aseguramiento y justificarían una transformación profunda hacia un esquema con mayor protagonismo del Estado sin intermediación financiera privada que consideran ilegítima.
No obstante, esta interpretación pasa por alto el hecho fundamental de que prácticamente todos los sistemas de salud del mundo enfrentan hoy tensiones estructurales similares, independientemente de su modelo institucional. Desde Canadá hasta el Reino Unido, Alemania, España o Estados Unidos, sus sistemas sanitarios se encuentran sometidos a presiones financieras crecientes. La razón es simple: las demandas de salud en las sociedades modernas crecen más rápido que los recursos disponibles para financiarlas.
Cuatro factores explican este fenómeno, el primero el envejecimiento demográfico. Las poblaciones viven más tiempo y requieren tratamientos más prolongados y complejos. El segundo, el vertiginoso desarrollo de la tecnología médica que amplía las posibilidades terapéuticas, pero aumenta significativamente los costos de atención. El tercero, la reducción significativa de las barreras financieras gracias al aseguramiento universal que ha incrementado el acceso a servicios. Y el cuarto, su creciente reconocimiento como derecho humano fundamental. Como resultado, el gasto en salud crece sistemáticamente por encima de como lo hace la economía.
Desde esta perspectiva, la crisis del sistema colombiano no es una anomalía particular ni el producto exclusivo de un diseño institucional específico. Es, en gran medida, la expresión local de una tensión estructural que atraviesan todos los sistemas sanitarios contemporáneos, de cómo financiarlos para responder a demandas crecientes con recursos necesariamente limitados.
Esto no significa que el sistema colombiano esté exento de problemas. Los hay, y muchos, como dificultades de acceso, debilidad de la atención primaria, deudas entre aseguradores y prestadores, problemas regulatorios y episodios de corrupción. Pero la existencia de estas fallas no constituye, por sí misma, evidencia de que la intermediación financiera o la participación privada sean la raíz del problema. De hecho, muchos de los sistemas mejor evaluados del mundo combinan aseguramiento social con participación privada y fuerte regulación estatal.
El riesgo del debate actual es que se desplace del terreno técnico hacia el ideológico. La afirmación de que eliminar aseguradores privados y estatizar el sistema resolvería los problemas de la salud en Colombia carece de evidencia comparativa sólida a nivel internacional. Más que una conclusión basada en datos, parece responder a una preferencia doctrinaria.
La discusión sobre el futuro del sistema de salud colombiano debería centrarse menos en debates ideológicos de si debe ser público o privado, y más en la pregunta esencial de cómo garantizar sostenibilidad financiera y eficiencia ante desafíos demográficos, tecnológicos y de derechos cada vez mayores. Ese es el verdadero problema estructural de la salud contemporánea, que no es exclusivo de Colombia ni surge de la Ley 100 como pretenden hacerlo ver.
