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Hace unos días, en una conversación sobre el momento que vive el país, alguien me dijo con preocupación: “aquí ya no sabemos cuáles son las reglas del juego”. La frase, simple pero poderosa, se me quedó dando vueltas. Porque, en el fondo, resume uno de los mayores riesgos que enfrenta hoy Colombia.
Poco después leí una entrevista de Luis Alberto Moreno, ex presidente del BID, en la que advertía sobre la posibilidad de que en el país se esté configurando un proyecto orientado a capturar el sistema de pesos y contrapesos. Más allá de las posiciones políticas, su mensaje toca un punto esencial: no se trata solo de quién gobierna, sino de cómo se gobierna.
Y, sobre todo, bajo qué reglas. Durante años, Colombia ha debatido —con razón— sobre crecimiento, desigualdad, pobreza y oportunidades. Pero con frecuencia se nos olvida que todos esos objetivos dependen de una condición básica: la calidad de nuestras instituciones.
Las instituciones son, en la práctica, el sistema operativo de un país. No siempre se ven, no ocupan titulares todos los días, pero cuando empiezan a fallar, todo lo demás se resiente. Las decisiones se vuelven inciertas, la confianza se debilita y el futuro deja de ser predecible.
No es una idea nueva. En el libro Por qué fracasan los países, sus autores explican que la prosperidad de los países depende, en gran medida, de la fortaleza de sus instituciones: de que sean inclusivas, estables y capaces de generar confianza en el largo plazo.
La historia económica reciente está llena de ejemplos. Países que lograron crecer de manera sostenida no lo hicieron únicamente por tener recursos naturales o coyunturas favorables. Lo hicieron porque construyeron reglas claras, respetadas y predecibles. Esas reglas son las que permiten que las personas inviertan, innoven, generen empleo y proyecten su futuro.
Cuando esas bases se erosionan, el impacto es profundo: Se frena la inversión, se aplazan decisiones, se debilita la capacidad del Estado; y se reduce, casi sin que nos demos cuenta, la posibilidad de avanzar.
Por eso, la discusión política actual no es menor. Lo que está en juego no es solo la continuidad de un gobierno, sino la posibilidad de que ese continuismo —hoy ya representado en una candidatura que busca prolongarlo— termine debilitando los equilibrios que han sostenido al país.
No se trata de una alarma exagerada. La historia muestra que los procesos de concentración de poder rara vez comienzan de forma abrupta. Suelen avanzar gradualmente hasta que el sistema pierde su capacidad de autocorrección.
Colombia ha logrado avances importantes en las últimas décadas. Ha reducido pobreza, ha ampliado cobertura en educación y ha fortalecido sectores productivos. Pero esos avances no están garantizados. Dependen de que el país mantenga y fortalezca las bases que los hicieron posibles.
El riesgo de cualquier intento de concentración de poder no es solo político. Es, en el fondo, un riesgo para el desarrollo. Porque cuando las reglas dejan de ser claras, el futuro se vuelve incierto. Y en la incertidumbre, los países no avanzan: se detienen.
Colombia necesita crecer más, generar empleo de calidad y ofrecer mejores oportunidades. Pero ese camino no pasa únicamente por nuevas políticas o reformas. Pasa, ante todo, por preservar aquello que hace posible todo lo demás: un sistema institucional sólido, con equilibrios, controles y reglas claras.
