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Por Elkin Castrillón
Oí un programa radial en el que participaron aspirantes a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín, con sus procedimientos de campaña, diagnósticos, propuestas, etc.
Me llamó mucho la atención que ninguno de ellos considerara la extorsión como uno, si no el más grave, de los riesgos para toda la sociedad. ¿Cómo así, que además del Estado, mediante otro ordenamiento, se establecen tarifas, se recolectan y disfrutan de fondos que los trabajadores dentro o fuera de la legalidad, deben pagar bajo la amenaza a sus negocios, familiares y personales?
He escuchado, por ejemplo, que en Liborina y Sabanalarga –dos municipios de Antioquia, donde eventualmente la presencia del Estado es mínima– la Federación había dejado la compra de café por esta amenaza.
A pesar de todos nuestros graves problemas, la extorsión sería, tal vez, el más grave, porque dificultaría aun más la solución de los más urgentes.
De inmediato, la voluntad y el propósito nacionales deben estar bajo la consigna: ¡Colombia libre de extorsión!