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En los últimos debates de aprobación de la reforma de salud en la Cámara de Representantes, quedó clara la intención del gobierno de convertir este sector en una vulgar herramienta del clientelismo político y la corrupción, al proponer que los gerentes de los hospitales públicos sean nombrados y removidos directamente sin ninguna condición por alcaldes y gobernadores.
A lo anterior se suma la eliminación de las EPS, entidades que quedarán convertidas en simples empresas de lobby sin ninguna capacidad para incidir en la prestación de servicios en defensa de los pacientes y mucho menos en el control de los recursos. Sólo faltaba apoderarse de los hospitales públicos para fragmentar, politizar y corromper la salud.
Esta reforma aprobó además que los nuevos hospitales públicos recibirían directamente del gobierno los recursos para su funcionamiento y ya no tendrían que vender y facturar sus servicios. Es decir, ya no les sería necesario demostrar que atendieron y bien a la población para justificar sus ingresos. Se volverá a la lógica de antes de 1990 en el que la meta del gerente no era prestar un buen servicio sino gastar a cuatro manos para justificar un aumento del presupuesto del año próximo.
A las gerencias de los hospitales ya no llegarían los mejores profesionales de acuerdo con su formación y experiencia, sino aquellos que logren acumular la mayor cantidad de apoyos políticos. Como bien es sabido, los méritos se medirían en función de la lealtad hacia el político que los nombró mediante la entrega a dedo de los contratos de vigilancia, aseo, alimentación, mantenimiento, compra de insumos, medicamentos, etc., con la acostumbrada coima del 10%, y por supuesto la contratación innecesaria de copartidarios para pagar favores.
Es regresar a la época en la que más de la mitad del presupuesto de los hospitales se utilizaba en gastos administrativos dejando cada vez un margen menor para invertir en servicios. Es caer de nuevo en la desgracia de ser necesaria una recomendación política para poder ser atendido integralmente, en especial si se trataba de enfermedades complejas y costosas, cuando desde los directorios políticos se ordenaban cirugías.
No se trata de deslegitimar a las instituciones públicas ni decir que deberían ser reemplazadas por privadas. Las organizaciones en sí mismas, sean públicas o privadas no son malas ni buenas. Lo perverso es el mal uso intencional que se hace de ellas, a quiénes se les entrega su control, la ausencia de reglas mínimas que garanticen transparencia y rendición de cuentas que eviten la concentración del poder en una sola persona, los ingredientes de la corrupción.
Tampoco se trata de satanizar el ejercicio de la política y de quienes honestamente y pensando en el interés general y no en el propio, ejercen esta difícil labor. Se habla de quienes reprochablemente utilizan esta profesión para satisfacer sus ambiciones personales, empleando su poder en el Congreso para crear condiciones que les faciliten poder hacerlo, como indudablemente se está haciendo con la reforma, un entierro de tercera al derecho a la salud de la población que le será endosado a los políticos.
