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El pasado 7 de agosto se conmemoró una vez más el evento militar de la Batalla de Boyacá, por medio del cual se selló el proceso de Independencia, iniciado desde las primeras movilizaciones de los comuneros y que tuvo su momento crucial con la declaración de Independencia y la instalación del cabildo abierto en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810.
Las preguntas que se hacen los colombianos buscan determinar lo que realmente debe conmemorarse en estas fechas. Es cierto que se presentaron una serie de victorias militares de incalculable valor histórico, pero también debe recordarse que el movimiento de Independencia en Colombia, particularmente el denominado grito de 1810, fue especial y parcial, tanto por la conformación de las fuerzas que realmente intervinieron y se beneficiaron del mismo, como por su propósito político, pues históricamente se sabe que no hubo un proceso incluyente con todos los sectores sociales y étnicos, ni un desconocimiento total de la sujeción a la monarquía española, ni una unidad de decisión en torno a un proyecto político determinado.
No obstante, desde los confusos momentos de la Gran Colombia, pasando por el experimento de la Nueva Granada y posteriormente por las distintas expresiones de la República, se observó, se ha observado y se sigue observando, una constante preocupación por la defensa de la institucionalidad, tal como ha sido concebida y construida a través de los diferentes movimientos constitucionales.
En efecto, la necesidad de mantener el acatamiento y respeto hacia las instituciones se manifiesta en el surgimiento de distintos movimientos ciudadanos, unos más violentos que otros. La destrucción de la Gran Colombia, las confrontaciones de distinta índole vividas durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, la mayor parte de ellas en defensa o en contra de las instituciones, constituyen una clara muestra de la importancia que para el país ha tenido la institucionalidad y la Constitución Política como cuerpo normativo que le sirve de soporte. Cada una de las constituciones que se expidieron durante el periodo republicano, obedecen a una acción o reacción con respecto al modelo político institucional y la necesidad de confirmarlo o modificarlo.
El permanente ataque hacia las instituciones, se buscó solucionar, en su respectivo momento, mediante las reformas constitucionales de 1857, 1863, 1886, 1910, 1936, 1945, 1957, 1968 y finalmente con la Constitución de 1991.
En efecto, la Carta de 1991 implementa un modelo institucional sólido y firme, capaz de sobreponerse a los caprichos populistas que en un momento puedan tratar de imponer gobernantes y administradores de turno. Esta es la razón por la cual, frente a alguna intención del gobierno nacional por desconocer los límites de sus facultades, y llevar al país hacia senderos desconocidos, o el querer de un alcalde por pretender actuar por fuera del orden constitucional y legal, la mejor defensa ha sido la solidez de las instituciones y la confianza de los ciudadanos en que finalmente ellas están por encima de cualquier aventura populista.
