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La democracia no debe ser un pretexto para montar una dictadura. No es suficiente ni tiene por qué sacralizarse como si fuera la definitiva justificación para abusar del poder. El expresidente peruano Castillo estuvo a punto de personificar la vocación dictatorial atávica sembrada en este continente por el mismo Bolívar, que no alcanzó a demostrar la incompatibilidad del título de Libertador con su preferencia totalitaria. El presidente Petro salió mal parado con la respuesta contundente que le dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su defensa impertinente del depuesto mandatario peruano.
Primero que la democracia están el Estado de derecho, las instituciones y sus límites. La democracia no funcionaba en Inglaterra cuando ya era liberal y republicana. Hay monarquías modernas más democráticas, por así decirlo, que aquellos métodos de gobierno que se proclaman como tales al amparo del argumento de las mayorías. Ganar elecciones no puede ser suficiente para ganar legitimidad completa. El apoyo electoral de la virtual voluntad general es una acreditación formal para la asunción del poder, pero no justifica excesos como el de apostarle a la clausura del órgano legislativo y la anulación del judicial para hacer y deshacer con lo que vaya quedando de régimen institucional.
La afirmación de la CIDH es una alerta temprana a los presidentes latinoamericanos, clarísima al respaldar la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia, para evitar la concreción del quiebre institucional y resguardar la vigencia del Estado de derecho. Lo que no tuvo presente el señor Petro al precipitar su trino fue, como lo advierte la misma Comisión, que son fundamentales el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con estricto apego al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas y la separación e independencia de los poderes públicos “son elementos esenciales de la democracia (dice) para alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.
Y todo eso es válido para un gobierno nacional, como para cualquiera de naturaleza local. Por ejemplo, no basta escudarse en el triunfo electoral en Medellín para incurrir en abusos de poder y actuaciones flagrantes, retadoras, que exasperan a los ciudadanos, que ahondan las divisiones, que avivan la discordia y borran una historia de diálogo, construcción de ciudadanía, respeto a las empresas privadas y públicas y a los medios periodísticos libres e independientes que fiscalizan y critican, y un largo etcétera de apariciones desafiantes y descontroladas.
Sin el acatamiento efectivo de los principios de legalidad y responsabilidad, la democracia se convierte en patente de corso para disfrazar tropelías. Sin contrapesos, sin contrapoderes, un mandatario puede ser un soberano autocrático. El Libertador fue, qué pena y qué vaina repetirlo, el precursor de la enfermedad dictatorial en las repúblicas en las que sigue venerándosele en todas las plazas. Le han sobrado imitadores que de un momento a otro implanten la tiranía de las buenas intenciones, en nombre de una idea falaz de democracia.