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Mientras el mundo libre celebraba la captura de uno de los dictadores más perniciosos de nuestro continente, millones de ciudadanos entendían algo elemental: no se trataba aún de la caída del régimen, pero sí de un punto de inflexión real, una señal inequívoca de ruptura con años de sufrimiento causados por el chavismo, responsable de que 7,9 millones de personas hayan sido forzadas al exilio, de la existencia de presos políticos y de prácticas sistemáticas de tortura documentadas contra opositores y defensores de derechos humanos.
En ese momento decisivo, el gobierno de Gustavo Petro eligió un lugar revelador: el de los cómplices y relativizadores del autoritarismo; y no fue un accidente. Ya lo había anunciado años atrás, cuando escribió sin ambigüedades que Hugo Chávez no había sido un payaso, sino “un gran líder latinoamericano”; o cuando una de las figuras centrales de su proyecto político, Iván Cepeda, afirmó textualmente que “Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la paz en Colombia”. Estas no son frases sueltas ni errores del pasado; son antecedentes ideológicos que hoy explican una política exterior indulgente frente al chavismo.
Colombia pasó, en cuestión de meses, de denunciar con claridad el fraude electoral, el exilio masivo y la represión sistemática en Venezuela, a blanquear al régimen mediante gestos diplomáticos, reaperturas sin condiciones y fotografías oficiales cuidadosamente difundidas; el país que había sido refugio de millones de venezolanos terminó prestándose para devolverle legitimidad internacional a su verdugo, no por ingenuidad, sino por afinidad.
La normalización del régimen venezolano se presentó como pragmatismo, pero fue algo más crudo y más honesto en su efecto: una rendición política maquillada de sensatez; se habló de comercio, de fronteras y de diálogo, como si esos conceptos pudieran existir en el vacío, desconectados de la realidad de un país gobernado por el miedo. Mientras tanto, se evitó deliberadamente cualquier exigencia real; cada reapertura sin contrapartidas fue un premio al abuso, cada gesto protocolario, una traición silenciosa a quienes siguen presos, exiliados o enterrados.
Las dictaduras no caen solo por presión interna; sobreviven, sobre todo, gracias a la indulgencia externa: gobiernos que saben lo que ocurre, pero prefieren no incomodar a sus aliados ideológicos. El chavismo ha aprendido a resistir no solo con represión, sino con paciencia, esperando a que otros hagan el trabajo de normalizarlo, de devolverle respetabilidad, de tratarlo como si fuera un gobierno más. Y conviene decirlo con claridad: el chavismo es, ante todo, una manera de ejercer el poder; es el relato permanente que relativiza la razón democrática, debilita la separación de poderes, erosiona los contrapesos institucionales y justifica al gobernante en nombre de una supuesta voluntad popular. En ese terreno, el petrismo no es una anomalía ni un malentendido histórico; es una continuidad funcional disfrazada de causa social.
Colombia no necesita mediadores sentimentales ni presidentes fascinados con las ruinas del socialismo latinoamericano; y este año electoral, las lecciones de Venezuela importan, importan mucho. Cuando figuras como Iván Cepeda, que han elogiado abiertamente al chavismo, hoy reclaman autoridad moral para hablar de democracia, conviene recordar algo elemental: no se puede mirar para otro lado frente a una dictadura afuera y luego presentarse como defensor de la democracia adentro; Colombia haría bien en no olvidarlo.
