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Este noviembre lo vamos a recordar por los 40 años de las tragedias del Palacio de Justicia y de Armero, pero también como el mes en el que murieron siete menores de edad reclutados a la fuerza por las disidencias de las Farc, durante los bombardeos que ordenó el gobierno en Guaviare.
Más allá del dolor por la pérdida de los menores (una tragedia), esta situación ha puesto al gobierno en una encrucijada ética entre el legítimo derecho a la defensa y las consecuencias que puede traer.
Aquí es cuando aparece la moral selectiva del gobierno. Es innegable la experiencia que tiene la fuerza pública en el desarrollo de operativos de este tipo, esenciales para combatir a los ilegales. Cómo olvidar que entre 2002 y 2010, el poder aéreo trajo grandes réditos en el debilitamiento de las Farc. Si a algo le temen los pillos en la selva es al rugido de los aviones y los helicópteros militares. Así cayeron cabecillas nefastos de las Farc como Raúl Reyes y el Mono Jojoy. Sin embargo, no hace mucho, este gobierno tildaba de asesino al anterior ante la muerte de adolescentes en los campamentos guerrilleros, por una circunstancia similar a la del Guaviare, sembrando dudas sobre la política pública de seguridad nacional. En esa época, un congresista llamado Gustavo Petro se ensañó contra las operaciones militares porque ponían en riesgo a menores de edad, cosa que después le sirvió para su campaña presidencial.
Pero hay otro asunto sobre el cual el gobierno finge un alzhéimer avanzado. Se trata de su inacción frente al reclutamiento forzado, que está disparado. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el año pasado, 409 menores fueron víctimas de reclutamiento forzado en departamentos donde la violencia arrecia como Cauca, Putumayo, Arauca, Nariño y Norte de Santander, y la tendencia sigue al alza. Todo mal.
Lo anterior refleja dos cosas: la incapacidad de hacer consciencia sobre el nivel de incoherencia en el que incurre el petrismo por su militancia ideológica y la desidia para resolver un asunto que todo gobierno por defecto tendría como prioridad, el cuidado de los menores de edad.
¿Cómo explicar esto? Hay muchas razones son de fondo, pero una en particular llama la atención, la forma como el gobierno ha diezmado el accionar de las fuerzas militares, quitándoles capacidades para fortalecer la inteligencia, extremar precauciones y poder actuar sobre seguro en operaciones militares complejas. Ahí se ven los daños directos o indirectos de las concesiones brindadas por la Paz Total. Recuerde aquel agosto de 2022. El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, suspendió los bombardeos, cortando con dos décadas de operaciones aéreas intensivas que permitieron acciones disuasivas y directas en muchas regiones. Puertas abiertas al fortalecimiento de los ilegales. Al final, el bombardeo en Guaviare terminó siendo el reflejo del desequilibrio entre la Paz Total, la necesidad de que las fuerzas armadas actúen en consecuencia y el poder de los grupos armados, que hoy ofician como padre y señor en muchos territorios donde usan a los niños como carne de cañón.
Si bien los verdaderos responsables de estos crímenes de guerra son los grupos armados ilegales, por reclutar e instrumentalizar a los menores y hacer de ellos escudos humanos, sí duele ver cómo la acumulación de superioridad moral del gobierno bloquea los aprendizajes de esta dolorosa lección, que trágicamente llegó con la muerte de los menores de edad. Ahí está el problema: creer que tiene la verdad de todo.
