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Desde sus días como senador, Gustavo Petro ha demostrado una visión ideológica coherente y estructurada sobre la tierra: no es solo un bien privado, sino un recurso sujeto a una función social, ecológica y, más recientemente, “soberana”. Hoy, desde la Presidencia, ha pasado del discurso a la ejecución, articulando una política pública que reconfigura la tenencia y el uso del suelo en Colombia bajo un enfoque estatal centralizado.
La estrategia no se limita a la minería, aunque ésta se ha convertido en el blanco ideal —el “chivo expiatorio” y “mango bajito”— para justificar intervenciones más profundas que afectan a todos los sectores productivos. El corazón de la política del presidente es la superposición de los determinantes agrarios con los determinantes ambientales. En nombre de la protección al derecho humano a la alimentación Petro ha incorporado el término “soberanía alimentaria”, un concepto que, a diferencia del enfoque de la FAO en el que se privilegia circulación, calidad y cantidad de alimentos, propone cerrar las fronteras productivas y limitar la intervención del mercado.
A través de figuras como las APPAS (Áreas de Protección de Producción Agroalimentaria Sostenible), las reservas ambientales temporales y los TECAM (Territorios Campesinos Agroalimentarios), se construye un entramado jurídico que condiciona qué se puede hacer con la tierra, cómo y para qué. La Agencia Nacional de Tierras (ANT), por ejemplo, es hoy la primera opcionada para comprar predios; si el particular se niega, se activa la expropiación bajo el Artículo 50 de la Constitución, invocando utilidad pública y función social.
Esto no solo debilita la propiedad privada, sino que pone a los empresarios en una posición de subordinación frente al Estado. Las APPAS definen qué producir y en qué condiciones, dejando expuestos a los propietarios ante el dilema de aceptar o enfrentar la pérdida de su tierra. Incluso la ANDI ha advertido sobre la afectación a la seguridad jurídica y la complejidad territorial que enfrentan las empresas, generando una ola de posibles demandas con impacto fiscal enorme para la Nación. No se nos puede olvidar que los funcionarios que firman estos decretos y resoluciones pueden responder hasta con su patrimonio.
Más que una reforma agraria tradicional, se trata de una reingeniería “legal” para forzar una redistribución territorial sin debate democrático real, amparada en resoluciones, decretos y pedagogía institucional. En esencia, Petro está ejecutando una transformación profunda de la propiedad rural, bajo una narrativa que privilegia la voluntad estratégica presidencial sobre las libertades económicas y la autonomía de los propietarios. Esto es, mientras hacia afuera pregona un discurso populista de además de ¨autodeterminación de los pueblos¨, al interior se saltan todas las normas e imponen de manera caprichosa su criterio sin más sustento técnico que el de la santa voluntad.
Mientras que la sociedad reclama más libertades para emprender y desarrollar un territorio, el presidente Petro, con ínfulas dictatoriales, las limita. En buena hora la gobernación de Antioquia, varios gremios y personas naturales están demandando estas medidas arbitrarias y poco consultadas en los territorios.
