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Somos conscientes del deterioro de la seguridad en Colombia gracias a los numerosos acuerdos de paz que está llevando a cabo el Gobierno Nacional, allí los que tienen licencia para delinquir y, de otro lado nuestras fuerzas de defensa acongojadas gracias a que se encuentran amarrados para hacer operativos. A tal punto ha llegado el tema que hace poco un amigo me comentaba que le robaron un ganado en la finca y, al pedir apoyo al comandante de policía en el municipio, la respuesta fue: “tengo que pedir permiso a Bogotá para poder hacer un operativo”. Insólito y desilusionante ver como los ciudadanos de bien empezamos a vernos desprotegidos, peor aún, empezar a tener la sensación de que lo avanzado en décadas está por perderse con un costo muy alto para la sociedad.
A pesar de tener cierta mejoría en Medellín y Antioquia, se evidencia un aumento de los homicidios en un 53,8% en Colombia a diciembre de 2023 y a la vez empieza a asomar un deterioro en las cifras de seguridad en la subregión de Occidente y Suroeste antioqueño. Definitivamente, la seguridad más cara es la que no se tiene.
Si bien la propuesta del gobernador Andrés Julián no tuvo buen recibo, principalmente en los mecanismos que planteó para financiar más tecnología e infraestructura para la Policía en Antioquia a través de la factura de EPM, no debe descartarse de tajo la necesidad imperante de no dejar crecer al enemigo, continuando con la estrategia de mejoramiento de las cifras de seguridad en nuestro departamento.
Somos conscientes de las limitaciones fiscales, departamentales y municipales, por ello, con mayor razón, debemos ser creativos en la forma de sacar adelante la iniciativa que lidera la Gobernación de Antioquia. Claro está, con impuestos no es el camino, tal vez acudiendo a la solidaridad de las empresas para que cada unidad productiva, en la medida de lo posible, coloque una cámara en su establecimiento y la conecte a la Policía; que todo proyecto de parcelación, vivienda nueva o ya construida, podría ser por cuadra, coloquen cámaras en cada esquina de barrio y pueblo de Antioquia. El resto del dinero debe buscarse a través de obras por impuestos y acudiendo a la solidaridad de ciudadanos que puedan donar para que la seguridad no se deteriore en Antioquia. Para ello debe haber una estrategia movilizadora de la sociedad liderada por la Gobernación, quizás diferente a la de la “Vaca por Antioquia” que no logró los montos esperados.
Quizás exista quien no apoye estas iniciativas, pero lo que está claro es que no podemos volver a los finales de los años 90, donde era casi imposible salir del área metropolitana del Valle de Aburrá por las pescas milagrosas, secuestros, extorsiones y asesinatos. Tal vez la Asamblea Departamental y los gremios puedan ayudar a pensar el cómo, más allá de oponerse a la iniciativa presentada.
