Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Las democracias no solo se definen por sus elecciones, sino por el modelo de país que deciden construir. En Colombia, el debate sobre seguridad e inteligencia va más allá de lo técnico y coyuntural: es una disputa de fondo sobre qué política de Estado se quiere imponer. Hoy resulta evidente que el gobierno y varios de los candidatos que promueven su continuidad buscan imitar modelos políticos y de seguridad que ya fracasaron, como los de Cuba y Venezuela, donde la seguridad terminó subordinada a la defensa de un proyecto ideológico.
No se trata de coincidencias ni de interpretaciones exageradas. Hay voluntad de replicar esquemas que estos sectores promueven: desconfianza hacia la inteligencia de Estado, debilitamiento deliberado de la autoridad estatal y una narrativa que construye polarización de manera sistemática. No es un efecto colateral: es una estrategia. Se divide a los colombianos entre “pueblo” y “enemigos del cambio”, se deslegitima al contradictor y se normaliza la sospecha política. Esa fractura social —conocida en regímenes que favorecen la expansión del crimen, la captura territorial y el avance de economías ilegales— es el terreno donde se erosionan las democracias.
La inteligencia de Estado no es un asunto opinable: es un pilar de cualquier democracia moderna. Sin inteligencia no hay anticipación, prevención ni capacidad de proteger a la ciudadanía frente a amenazas complejas y adaptativas. Cuando se debilita por razones ideológicas, y se desacredita públicamente su labor o se rompe su continuidad técnica, el Estado pierde visión estratégica. Un Estado sin inteligencia sólida gobierna a ciegas y favorece al crimen.
Ese deterioro sistemático se refleja en la percepción ciudadana consistente en la pérdida de control territorial, expansión de economías ilegales y una autoridad que se repliega ante la indecisión de un gobierno que relativiza la seguridad, desconfía del ejercicio de la autoridad y sustituye estrategia por relato divisorio.
Lo que se instaura en Colombia es un modelo denominado “Defensa de la Revolución”, establecido en regímenes como el cubano que subordina la seguridad y la inteligencia del Estado a la preservación de su poder político. Ese sistema concibe la seguridad no como protección de derechos, sino como defensa del poder; convierte a la sociedad en retaguardia política; y redefine al opositor, al crítico o incluso al neutral como amenaza. Allí, la inteligencia se politiza, la seguridad se ideologiza y el Estado deja de servir a todos para servir a una causa. Como advirtió Hannah Arendt, cuando el poder reemplaza instituciones por lealtades, la democracia comienza a vaciarse desde dentro.
¿Queremos un Estado que proteja la Constitución o uno que defienda un proyecto político? Los modelos que hoy se presentan como inspiración ya mostraron sus resultados: sociedad dividida, Estado debilitado, criminalidad fortalecida, economías en caída, y ciudadanos enfrentados entre sí, mientras el poder se refugia en el relato que sostiene que su ineficiencia es culpa de quienes no apoyan “el cambio”.
En las elecciones, Colombia debe decir no a este modelo que varios candidatos buscan continuar. Decir no a la politización de la inteligencia, no al debilitamiento de la seguridad y no a la polarización como forma de gobierno. Defender la democracia implica una decisión clara: elegir instituciones fuertes y profesionales, no proyectos que buscan reemplazarlas.
