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En Colombia, la creciente demanda de asesinatos por encargo confirma una verdad inquietante: hoy, para jalar el gatillo, basta una transacción, y lo más estremecedor no es que eso ocurra todos los días, sino que ya no escandaliza a nadie. En los últimos cinco años, más de 41.000 personas han sido asesinadas por sicarios, según cifras de la Policía Nacional. Eso representa el 62% del total de homicidios en el país. Es decir, seis de cada diez personas no mueren por azar, riña o crimen pasional: mueren porque alguien las “encargó”. La muerte, aquí, se compra, y esa economía macabra ha sido aceptada con pasmosa naturalidad.
Vivimos en un país donde matar se volvió un servicio más del mercado informal. En ciertos territorios, hay tarifas, horarios, listas; sin embargo, seguimos hablando del sicariato como si fuera un fenómeno lejano, limitado a los márgenes como si no tocara nuestras vidas; pero lo hace, lo ha hecho, y lo seguirá haciendo mientras sigamos reduciendo estos crímenes a cifras, a titulares sin rostro ni historia.
La banalización de este horror es tal que, noticias que en otros lugares sacudirían a una nación, aquí se repiten con un lenguaje que anestesia: “homicidio por ajuste de cuentas”, “presunto sicariato”, “víctima de ataque sicarial”. En la semántica de lo inofensivo hemos domesticado el terror. Como bien lo explica Óscar Osorio, autor del libro “El sicario en la novela colombiana”, el discurso narrativo en Colombia ha construido una figura casi mitológica del sicario: a veces como antihéroe, a veces como víctima social, pero siempre funcional al relato de una violencia que se normaliza; se le estetiza, se le justifica, se le vuelve símbolo.
Y mientras tanto, el Estado parece incapaz de leer el fenómeno en su verdadera dimensión. No es solo un problema de bandas ni de crimen organizado, es una fractura cultural y estructural. Es la expresión más rentable de un país que ha permitido que la muerte se convierta en una opción “laboral” para los jóvenes, una forma de escalar en territorios donde no hay escuelas ni empleo, pero sí armas, códigos de silencio y ausencia institucional.
A la gravedad de la cantidad de homicidios por encargo, se le añade el silencio y la indiferencia que los rodea, la respuesta estatal se limita a capturas que se celebran como éxitos, pero sin una estrategia sostenida que enfrente las causas estructurales: exclusión, impunidad, violencia intrafamiliar y abandono social.
Hoy más que nunca, Colombia necesita una intervención multidimensional que deje de tratar el sicariato como un simple problema policial. Este fenómeno no se erradica con capturas ni comunicados: exige liderazgo político, articulación institucional y respuestas que combinen prevención social, educación emocional, inteligencia criminal y justicia eficaz. Es imprescindible desmantelar los ecosistemas que reproducen esta economía de la muerte, romper el silencio que la protege, y repensar las opciones de vida que se les ofrecen a los niños y jóvenes.
Debemos hablar de esto en la academia, en los medios, en las políticas públicas, si el país donde se mata por encargo continúa siendo el país donde nadie se indigna, no solo aumentarán los muertos, desaparecerá nuestra capacidad de conmovernos y de reconocernos como sociedad. Garantizar la vida no puede ser una promesa retórica: debe ser una prioridad política, ética y urgente.
