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Daniel Quintero llegó a la Superintendencia de Salud el 23 de abril. La Supersalud no es una entidad decorativa: es quien vigila, sanciona e interviene las EPS. Es quien decide si una aseguradora sigue operando o se liquida. Es quien tiene hoy en sus manos la intervención de la Nueva EPS. Es, en términos simples, el árbitro del sistema en el momento más crítico de su historia reciente.
Quintero llega imputado por la Fiscalía en el caso Aguas Vivas, el escándalo de contratos irregulares que involucró a su administración en Medellín. La Procuraduría, por su parte, le confirmó en segunda instancia una inhabilidad de seis meses cuya ejecución está suspendida mientras el Consejo de Estado se pronuncia. En estricto derecho, puede ejercer el cargo. En cualquier estándar razonable de idoneidad institucional, es obvio que no debería.
En los días siguientes a su posesión, la Supersalud comenzó a poblarse de un equipo conocido. Esteban Restrepo, su hombre de mayor confianza, llegó como Secretario General: fue secretario de Gobierno de Medellín, gerente de la campaña presidencial de Quintero y secretario privado del presidente de Ecopetrol. Sergio Andrés López Muñoz, arquitecto de profesión, llegó como secretario privado del despacho tras una modificación al manual de funciones que habilitó su contratación. López también es imputado en el caso Aguas Vivas. Juan David Duque García, exsecretario privado de Quintero en la Alcaldía, llegó como Superintendente Delegado para la Protección al Usuario. La Procuraduría lo investiga por presunto manejo irregular del fondo fijo del despacho del alcalde. Fue el primer funcionario en la historia de Medellín en ser destituido mediante moción de censura, luego de ignorar 18 citaciones del Concejo.
Uno de ellos quedó al frente del acceso a medicamentos. Otro, de las liquidaciones de las EPS en crisis.
No se trata de una coincidencia ni de una lectura malintencionada de nombramientos aislados. Se trata de un patrón: una entidad de control capturada por el equipo político del funcionario que la dirige, en el momento exacto en que esa entidad debe tomar decisiones de enorme consecuencia para millones de personas. La Supersalud tiene en su escritorio la suerte de la Nueva EPS. Tiene que decidir si la intervención continúa, si se levanta, si se liquida o si se restructura. Esas decisiones no son técnicas en el vacío: tienen nombres, tienen afiliados, tienen hospitales que esperan que alguien les pague.
El problema no es solo ético. Es funcional. Un sistema de salud en crisis necesita una entidad de control con autoridad moral para exigir, sancionar y decidir. Esa autoridad no se decreta: se construye con trayectoria, con independencia, con distancia de los intereses que se deben vigilar. Lo que llega a la Supersalud es exactamente lo contrario: un equipo con procesos abiertos, con lealtades políticas consolidadas y con incentivos que apuntan en una dirección muy distinta al interés público.
Colombia tiene 50 millones de personas que dependen de que alguien vigile el sistema con seriedad. Hoy ese alguien es Quintero. Y sus primeros movimientos sugieren que llegó no a sanear el sistema, sino a administrarlo en beneficio propio.
