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De un tiempo a esta parte a las altas esferas les ha dado por escurrir el bulto de sus responsabilidades con el pretexto de que cualquier error es “multifactorial”. Y todos tan contentos, porque claro así nadie asume los costes de reclamaciones, sanciones o penas, desde los directivos de las empresas –sean estas públicas o privadas-, a los políticos y hasta a las aseguradoras. Si todas las tragedias se pueden explicar por múltiples factores, ninguno es culpable por sí mismo. Este relativismo se extiende como un cáncer contra los sufridos ciudadanos, que pagan impuestos y financian servicios, pero desisten de reclamar y de buscar explicaciones porque, total, “entre todos la mataron y ella sola se murió”. Esta ausencia de asunción de culpas es especialmente sangrante en lo que se refiere a los políticos, que están ahí para gestionar nuestros impuestos, ni más ni menos.
Les traigo a colación este asunto porque resulta que nada más conocerse el trágico balance de víctimas del accidente ferroviario de Córdoba -ya van por 42 fallecidos y habrá más- el ministro de Transportes del Gobierno social-comunista que dirige en minoría Pedro Sánchez pidió no especular sobre las causas del siniestro, pero aseguró al instante que el suceso era “muy extraño”. Comenzaba así a alimentar teorías ajenas a las puramente mecánicas o estructurales, que determinan estrictamente cualquier descarrilamiento ferroviario con la alta tecnología que maneja la alta velocidad.
Hablamos de máquinas que pueden alcanzar 400 kilómetros por hora y que habitualmente circulan por encima de 300. Descartado el fallo humano, todo apunta a una brecha en la vía al romperse una soldadura. Es una infraestructura que recientemente reparada, al menos sobre el papel. España cuenta con la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo después de la china. Sin embargo, las decisiones políticas la han convertido en un quebradero de cabeza. El Gobierno de Sánchez atribuye al mayor uso de las vías el aumento de los incidentes, con la entrada desde 2020 operadores “privados” como Iryo y Ouigo, el primero con una participación mayoritaria del Estado italiano, a través del consorcio de Ferrovie dello Stato; y el segundo, 100% propiedad de la sociedad pública de ferrocarriles franceses SNFC.
La realidad es que los datos oficiales reportan que en una década se han duplicado los siniestros. En 2014 se registraron 47 accidentes ferroviarios, con cinco descarrilamientos. Diez años después, en 2024, el número de sucesos ascendió a 97 accidentes, más del doble, con 22 descarrilamientos. El pico se alcanzó en 2023, con 116 accidentes y 26 descarrilamientos.
Según la patronal de la construcción española Seopan, España necesita invertir 150.833 millones de euros en infraestructuras de transporte, 51.315 millones en red ferroviaria. Pero España afronta 2026 con los mismos presupuestos que 2023 porque quien pedía a su predecesor dejar el poder si no era capaz de aprobarlos en el Parlamento ha decidido hacer volar la democracia para mantenerse en el cargo con cuentas de la anterior legislatura. Sirva como prueba de que las decisiones políticas, de Pedro Sánchez en este caso, tienen consecuencias. Trágicas a veces.
