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La degradación del sistema penitenciario está cobrando tintes dramáticos. Hace años que el hacinamiento y la pérdida de control de los presidios más atestados ha dejado de ser la excepción para convertirse en la cotidianeidad. Los grupos delictivos se reparten el poder de los módulos y los funcionarios se las ven y se las desean para sobrevivir en entornos cada día más hostiles.
Sirva como ejemplo el caso de María Lorena Serrano, exdirectora de la cárcel caleña de Villahermosa hasta el pasado 5 de octubre, cuando renunció tras ser amenazada de muerte. En la puerta del penal le dejaron una corona fúnebre con su nombre tras recibir mensajes intimidatorios los días previos de parte de uno de los capos que reinan en el Patio 1 de la prisión.
Desde el interior de los penales, los grupos delincuenciales manejan extorsiones, cobros, traslados, incluso quien puede o no entrar a ciertas zonas del penal. Se supone que las cárceles deben servir de castigo y reinserción, pero todo el sistema se derrumba desde los cimientos. Según informes de inteligencia citados por la prensa, en las cloacas del Patio 1 se mueven más de 150 millones de pesos mensuales en extorsión, cobros y tráfico interno.
Nada nuevo. Desde hace tiempo, las cárceles colombianas se han convertido en locutorios donde se extorsiona a medio mundo. Se trata de un negocio millonario, con redes capaces de realizar hasta 250 llamadas diarias desde un solo teléfono móvil dentro de prisión.
El método resulta sencillo para los delincuentes: aprovechan el miedo y la confusión de la víctima, que, ante la presión, termina enviando dinero a cuentas bancarias o a través de empresas de giros.
Los reclusos que a ello se dedican y que lo único que tienen es tiempo, bucean en búsqueda de información personal de sus víctimas, en las redes sociales o en dispositivos robados para construir relatos convincentes con los que presionar a las potenciales víctimas.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha instado al Gobierno de Petro para que declare la situación de “emergencia carcelaria” en el país debido a la grave crisis que atraviesa el sistema a raíz de los recientes ataques de sicarios contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por todo el país.
La institución, muy activa en los últimos meses, demanda más presupuestos para atajar el desmadre en el que se ha convertido el sistema carcelario y apunta a “una crisis más estructural, en la que no existen procesos de resocialización lo suficientemente sólidos en las cárceles”, a lo que se suma el persistente hacinamiento.
Aunque el modelo salvadoreño de Bukele deja muchas lagunas sobre los límites a los derechos humanos, es evidente que Colombia necesita dar varios pasos en ese sentido antes de que todo se vaya de madre.
Cuando el deterioro de la seguridad salta de la calle a la cárcel es que todo se ha echado ya a perder. Petro dejará un país más peligroso en el que los malhechores reinan dentro y fuera del presidio. Es un hecho.
