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Los hechos sucedidos esta semana tienen un mensaje contundente: necesitamos gobiernos más participativos, más plurales, más representativos. La sociedad cambió, las comunidades están exigiendo nuevas formas de participar; ya no quieren ver más a gobiernos que, por resultar ganadores de las elecciones, interpreten que su visión de país es la única que existe y que pueden gobernar solo con sus círculos cercanos, sin diferencia ni lugar para otros.
Lo que estamos viviendo demuestra también que Colombia no resiste más un alto gobierno constituido solo por funcionarios técnicos, con directores de organismos nacionales, ministros y viceministros que no conocen y no expresan la diversidad de nuestra sociedad: diversidad de orígenes sociales, de regiones, de círculos académicos, de sectores y, lo más importante, diversidad de corrientes políticas que representen a los grupos poblacionales que no ganaron las elecciones, pero cuyos intereses y demandas también son significativas y legítimas.
La otra lección, es que llevamos muchos años de un país polarizado, de gobiernos que no construyen sobre el avance de los anteriores, que desconocen lo logrado por sus antecesores y no consultan las experiencias previas. Un ejemplo claro es el de la fallida reforma tributaria, que ha servido de florero de Llorente para esta crisis. Esta reforma, que pretendía cambios sustanciales, se equivocó especialmente en las formas; se debió consultar a exministros de Hacienda, a los economistas más reconocidos del país, a los partidos políticos, a los gremios, a la academia. Igualmente, los logros sociales buscados por la reforma se debieron explicar y debatir en conversaciones amplias de país, que lograran la participación de líderes sociales y ciudadanos reconocidos por las comunidades. Los consensos se deben buscar antes de la coyuntura de las crisis, como una manera de cuidar y fortalecer la confianza. Entender que el diálogo entre diferentes es una herramienta poderosa para fortalecer la democracia es clave.
Finalmente, otra ausencia sensible en los gobiernos nacionales es la de las regiones. Colombia se volvió un país de municipios, relegando la figura de los departamentos. Los gobernadores deben ser interlocutores de primer nivel con el gobierno central y de ellos deben partir las grandes propuestas de desarrollo de sus regiones. Hoy, fuera de los cumplimientos legales, no se les incluye verdaderamente en la planeación nacional y tampoco se les considera como implementadores estratégicos de las políticas y programas nacionales. Estas, en su mayoría, son llevadas a cabo por consejerías y agencias nacionales que cuentan con su propia estructura y sus equipos de trabajo, y suelen llegar a las regiones a ejecutar directamente y a trabajar con sus propios presupuestos e indicadores, sin dejar capacidades instaladas en los territorios que puedan garantizar el avance y la sostenibilidad de los procesos.
Por todo lo anterior, esta crisis la tenemos que entender como una oportunidad excepcional para proponer alternativas distintas en la construcción de país. Esta tiene que ser una oportunidad histórica para trabajar sobre lo que nos debe unir, para incluir las diferencias, para dejar atrás las polarizaciones, para cerrarle el paso a las expresiones de violencia, y para trabajar en construir de forma pacífica las soluciones sociales, regionales, económicas y políticas que necesitamos los colombianos y que la pandemia ha agravado.
Este es el momento de trabajar participativamente por la educación, el empleo y el emprendimiento, el medio ambiente, la equidad de género, el cierre de brechas de desigualdad y pobreza y el cuidado de la salud. Solo así podremos hacer de esta crisis una oportunidad de transformación y generación de condiciones de bienestar para todos, como ya lo hemos hecho en momentos críticos de nuestra historia
* Presidenta Ejecutiva
Proantioquia