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Hay una frase muy colombiana que resume parte de nuestro problema con el dinero público: “lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta”.
El final del gobierno de Gustavo Petro dejó una discusión incómoda sobre la calidad del gasto estatal. Durante 2025, una revisión publicada por El Espectador encontró contratos por más de $226.000 millones para eventos y cerca de $68.000 millones para pauta oficial. Otra investigación, basada en datos del Secop, denunció que la contratación por prestación de servicios en los ministerios pasó de 11.851 puestos en 2022 a 18.685 en 2025. A eso se sumaron cuestionamientos por viajes, tiquetes, estructuras paralelas de contratación y servicios externos. No todo contrato es despilfarro ni todo viaje es innecesario, pero el volumen obliga a preguntar: ¿quién cuida la plata que no siente como propia?
Hace casi cincuenta años, James Buchanan, Premio Nobel de Economía, formuló una respuesta inquietante. En Democracy in Deficit explicó que no debemos imaginar al Estado como una familia perfecta administrada por un padre omnisciente y desinteresado. En el Estado hay políticos que quieren ganar elecciones, funcionarios que desean conservar poder, grupos que buscan beneficios y ciudadanos que quieren recibir servicios sin pagar más impuestos. Todos responden a incentivos. En una familia el límite aparece rápido. Si entran cinco millones de pesos al mes y se gastan siete, alguien tendrá que endeudarse, vender algo o reducir gastos. Nadie puede sostener indefinidamente una fiesta “jineteando” o, en un mejor castellano, pagando una tarjeta con otra. El Estado, en cambio, puede ocultar durante más tiempo esa restricción. Puede endeudarse, subir impuestos después o dejarles la cuenta al siguiente gobierno, al ciudadano, o, finalmente, a las generaciones futuras . Ahí está el corazón de Buchanan. Gastar produce aplausos hoy. Cobrar produce rechazo mañana.
La tentación natural de la política consiste entonces en repartir beneficios presentes y trasladar sus costos hacia el futuro. El parque se inaugura, el concierto se ve, la publicidad aparece en televisión, el contrato consigue beneficiarios. La deuda que financiará parte de todo eso es una cifra abstracta que pagarán personas que quizá ni siquiera votaron o nacieron, cuando se tomó la decisión. Por eso la austeridad que durante años ha defendido y ejecutado Álvaro Uribe Vélez merece discutirse nuevamente, pero no como una colección de gestos simbólicos, sino como datos concretos de recorte, que matan el relato del derroche. Durante su gobierno, se redujeron de 16 a 13 los Ministerios, se cerraron 14 embajadas y 10 consultados y se liquidaron 49 entidades.
Se reestructuraron 514 entidades públicas, siendo este el recorte al gasto más agresivo y eficaz que se ha hecho a la administración pública en la historia reciente y se logró un ahorro de 5.4 puntos del PIB: $25.4 billones que, en cifras actuales, sería el equivalente a un ahorro de 108 billones durante el cuatrienio.
Buchanan decía que la austeridad no puede depender de que llegue un presidente austero, sino convertirse en una regla del sistema. Eso significa presupuestos con límites reales, reglas fiscales respetadas, revisión permanente de contratos, evaluación de programas, eliminación de duplicidades y controles que obliguen a demostrar por qué cada peso público debe gastarse. Buchanan le llamaba a esto una “constitución fiscal”: Reglas que protejan al contribuyente incluso cuando quien gobierna tenga incentivos para gastar más.
Y es que a todo esto subyace una dimensión moral. El dinero público no nace en Hacienda. Sale del trabajo de alguien. De una empresa que vende, de una familia que compra, de un trabajador al que le descuentan impuestos. Despilfarrarlo puede significar un impuesto más, una deuda que pagarán nuestros hijos o recursos que no llegaron al hospital, al colegio, a la carretera o a la seguridad. Y aquí es justamente donde aterriza una verdad imbatible: Un Estado austero no es un Estado miserable. Tampoco es uno que recorta nutrición, salud o educación mientras conserva privilegios burocráticos. Es justamente lo contrario. Un Estado capaz de distinguir entre lo necesario y lo superfluo para gastar mejor donde verdaderamente cambia vidas.
Eso lo entendió perfectamente el Presidente Uribe, y por eso sin descanso lo defiende como tesis básicas de su modelo de país que hoy 47 congresistas defendemos en el parlamento. La economía fraterna con un Estado austero, deben ser propósito de la administración pública y limite al ejercicio del poder, porque antes de pedirle más plata a quien sostiene la casa, hay que demostrarle que se está cuidando, como si fuera propio, hasta el último peso que ya entregó para que su familia viva mejor.
