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Colombia debe tener listo próximamente su nuevo Plan de Desarrollo. No es solo un trámite legal: es la oportunidad de fijar el rumbo de nuestro país para los próximos cuatro años. La planeación es crucial para navegar un contexto global cambiante, con elevada incertidumbre. Planear permite el mejor uso posible de recursos más escasos en un entorno socioeconómico complejo, así como coordinar y articular las diferentes entidades del Estado. Y lo más importante: fija un propósito común, un “para qué” del Plan de Desarrollo.
Cuál debería ser ese propósito es la pregunta crucial. El entorno global lo exige: un mundo multipolar con multilateralismo debilitado, el poder creciente de las grandes plataformas tecnológicas, el auge de la IA con acceso profundamente desigual, y un cambio climático que replantea las fuentes energéticas del futuro.
La coyuntura nacional lo exige también: las finanzas públicas, el sistema de salud y el sector minero-energético en estado crítico; un país que no crece ni invierte lo suficiente, con alta informalidad, persistente pobreza y desigualdad. A ello se suma el deterioro en la seguridad y algo fundamental: un país dividido y polarizado.
García Márquez lo dijo con precisión: “Somos individualistas por naturaleza y creativos para la supervivencia, pero nos cuesta trabajo la construcción colectiva”. Como señala Claudia Vallejo, exfuncionaria de Fedesarrollo y la Presidencia, “la verdadera batalla cultural consiste en recuperar la honestidad, cumplir reglas fundamentales para la convivencia y la democracia, abandonar la corrupción”. De ahí la necesidad de promover la construcción de capital social para generar condiciones que reduzcan la desigualdad, la informalidad y permitan una verdadera movilidad social.
El propósito del nuevo Plan debería ser claro y audaz: “Una Colombia donde cada niño, niña tenga las mismas oportunidades, sin importar dónde nació”. Las cifras lo justifican: el Gini de 0,54, el 14,1% en pobreza monetaria, que supera el 39% en zonas rurales— y una informalidad laboral del 57% revelan un país donde la movilidad intergeneracional es de las más bajas de la OCDE. Cárdenas y Fergusson (2026) lo confirman: la violencia y la baja confianza social actúan como trampas que reproducen la pobreza de generación en generación.
El nuevo Plan debe incluir cuatro grandes prioridades: una revolución educativa que transforme la calidad y las trayectorias de los estudiantes; cuidar y preservar nuestra biodiversidad, bosques y el agua; la descentralización real de recursos y competencias hacia los territorios; y una política para la primera infancia que incluya programas contra la violencia intrafamiliar y el abuso contra la mujer, niñas y niños.
El terremoto del 10 de agosto lo dejó al descubierto con brutal claridad: las grietas no son solo físicas. La desigualdad se expresa en quién recibe ayuda, quién tiene vivienda sismorresistente, quién tiene seguro, quién puede llorar en paz y quién tiene que salir al rebusque al día siguiente. La crisis fiscal, la crisis de salud y el deterioro de la seguridad afectan de forma desproporcionada a los mismos de siempre.
En la práctica, como lo muestran los estudios de Jaramillo-Echeverri y Álvarez, 2026, el apellido y el municipio donde nace un colombiano determinan en gran medida su futuro. Eso no es una falla de mercado, es una falla de Estado.
