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Lo primero que hay que dejar en claro, es que pueblo somos todos los individuos que ocupamos la geografía del Estado, y no solo, como muchas veces se quiere mostrar, aquel grupo de desdichados, desplazados o simplemente necesitados. Estas circunstancias sociológicas no tienen por qué afectar el real significado del término. El lenguaje trasnochado de alguna parte de la izquierda seudo doctrinaria, con un criterio y una intención mas de división que de comprensión, ha querido darle al término un significado que no lo tiene, ni en la real academia de la lengua, ni en la doctrina política predominante.
Para sustentar la universalidad de su victoria, el movimiento jurídico político posterior a la revolución francesa, institucionalizó el concepto de ciudadano, con el propósito de lograr la lealtad de los naturales de Francia, con los postulados revolucionarios. Apoyada en aquel supuesto sociológico francés, la constitución colombiana de 1886 optó por consagrar el concepto de nación por encima del de pueblo, para afirmar que la soberanía, fundamento político de la existencia del Estado, reside en aquella y de ella emanan todos los poderes.
El constituyente de 1991 retoma las raíces contenidas en el movimiento constitucional de los Estados Unidos y establece que la soberanía, fundamento esencial de la participación democrática, reside en el pueblo, no en la nación como lo decía el viejo orden constitucional. El cambio del titular de la soberanía, de la nación al pueblo, no es un simple movimiento semántico, ni una novedad intelectual, sino que posee una real importancia y unos efectos en temas tan importantes como los relacionados con participación democrática. No es lo mismo afirmar que el voto, como expresión de soberanía, pertenece a la nación, a decir que el titular del voto es el pueblo. En el primer caso, se quiere ratificar que el titular del sufragio es aquel todo sociológico que se llama nación, de manera que cada individuo, cuando vota, ejerce una función pública a nombre de ese todo, que es la nación. Algo diferente sucede cuando se afirma que la soberanía pertenece al pueblo, pues en este caso, cada individuo es titular directo del voto, impone un mandato a través de éste y puede revocarlo cuando el funcionario electo no cumple con las obligaciones propias de su mandato.
Dentro de este nuevo esquema, vale la pena hacer énfasis en el caso de gobernadores y alcaldes. Según la constitución y la ley, la elección de estos servidores se concibe como una institución que se apoya en el denominado voto programático, esto quiere decir, que cuando una persona inscribe su candidatura para uno de estos cargos, debe inscribir también su programa de gobierno, de manera que el pueblo vota por un individuo con su respectivo programa. Para evitar ser asaltado en su buena fe, antes de votar, el pueblo a través de sus veedores o directamente, debe conocer y analizar el programa, y vigilar su estricto cumplimiento, a medida que se desarrolla el respectivo mandato.
