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Avanza en el Senado de la República el proyecto que, con la finalidad de utilizar las modernas tecnologías digitales en los procesos electorales, da vía libre a la implantación del voto electrónico presencial, en la modalidad de totalmente tecnológico o mixto. Totalmente tecnológico, cuando el elector en las máquinas electrónicas, ante todas las opciones a seleccionar, pulsa un botón o toca la pantalla para escoger el candidato de su preferencia; mixto, cuando el elector marca en las terminales electrónicas que contienen todas las opciones, su candidato preferido, imprime su voto y lo deposita en una urna.
Negar los beneficios que producen la electrónica, la informática y el avance de las comunicaciones en campos como la educación, la economía, la estadística, el periodismo, la medicina y la comunicación entre personas es por completo inútil y desenfocado de la realidad, pero también desconocer los riesgos, inseguridad e incertidumbre que traen consigo puede parecer ingenuo. Máxime cuando es permanente la información sobre los bloqueos de que son objeto, los virus que infectan los computadores y les impiden funcionar, los ataques cibernéticos a servidores y plataformas digitales, el hecho de que usuarios de redes sociales no puedan ingresar a las páginas web de las empresas a las que están afiliados y bloqueen los servicios que estas prestan, la ciberdelincuencia que las asedia y la acción de los hackers que ingresan sin autorización al sistema operativo, para robar de datos por internet, estafar, chantajear y robar en línea a entidades financieras.
Sirvan de ejemplo instituciones nacionales y extranjeras que han empleado las tecnologías más avanzadas y que han sido víctimas de diferentes ataques como Sony, Target, las elecciones en Estados Unidos en 2018, Facebook, el Pentágono, Telefónica, Chrysler, entre muchas otras; nacionales como Caracol, Universidad Javeriana, Colsanitas, Invima, Empresa Públicas de Medellín, Fiscalía General de la Nación, Bancolombia, Davivienda, Claro Colombia, para solo citar unas pocas. Lo que demuestra que las entidades públicas y privadas acuden a la tecnología moderna porque es eficaz y eficiente, pero no es necesariamente segura.
Para resolver esta situación el proyecto de ley establece que los medios tecnológicos para la votación “deberán asegurar la trazabilidad de los procesos, el debido tratamiento de la información en condiciones de integridad, seguridad y disponibilidad, garantizando que sea confiable, accesible, verificable, auditable, transparente”. Sin embargo, cabe preguntarse qué no harán hackers innovadores y creativos, para que determinados grupos o personas tengan influencia o poder en el Estado, a sabiendas de que es la institución más importante del país.
Por eso, desde el punto de vista técnico, caben unos interrogantes para hacer posible que la informática sea instrumento adecuado en lo electoral: ¿Cómo garantizar la votación secreta y el control democrático del cómputo? ¿Cómo disponer de aparatos y dispositivos electrónicos suficientemente confiables? ¿Cómo garantizar que no haya intromisión de hackers en la votación y superar las dudas sobre la verificabilidad y fiabilidad del recuento de los votos? ¿Cómo hacer invulnerable el software e impedir ciberataques? ¿Cómo impedir que por la acción de los virus se dañen programas y se alteren los resultados?
Valga destacar que el entusiasmo que provocaron estas tecnologías a partir de 2005 cuando se implantaron en Estonia, se ha apagado y sólidas democracias que aplicaron el voto electrónico como Alemania, Reino Unido, Finlandia y Noruega, hoy lo prohiben y sólo nueve, entre ellos Brasil y Venezuela, lo tienen en la actualidad.