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El próximo 7 de agosto comenzará un nuevo gobierno. Mucho antes de esa fecha, una parte importante del debate público ya había emitido su primer veredicto.
Una sociedad libre necesita ciudadanos que desconfíen del poder. Necesita, también, ciudadanos capaces de distinguir entre una advertencia y una sentencia.
La elección de Abelardo de la Espriella produjo un fenómeno llamativo. Antes de la posesión presidencial, antes del primer decreto, antes del primer presupuesto y antes de la primera reforma, buena parte del debate público giraba ya alrededor de los riesgos atribuidos al gobierno que comenzará el 7 de agosto. Rodrigo Uprimny escribió sobre una democracia “robusta, defectuosa y en riesgo”. Daniel Samper Pizano tituló su columna Tiemblan los países felices. Piedad Bonnett publicó Los elementos del desastre. Son textos distintos en tono, propósito y método. Leídos en conjunto, orientan la discusión hacia una preocupación común: qué puede ocurrir con la democracia colombiana bajo un gobierno que aún no ha comenzado.
Esa preocupación es legítima. La prensa no está obligada a esperar los hechos para señalar riesgos; advertirlos forma parte de su oficio. Pero advertir no equivale a sentenciar. La diferencia no reside en la ideología de quien escribe, sino en el lugar que ocupa la evidencia. Una advertencia plantea escenarios, expone las razones que los sostienen y deja abierta la posibilidad de que los hechos la confirmen o la desmientan. Una sentencia reduce ese margen y convierte el pronóstico en un desenlace antes de que el desenlace exista.
Los tres autores recorren ese camino de maneras diferentes. Uprimny desarrolla un razonamiento institucional y expone las premisas que sustentan su preocupación. Samper utiliza la ironía para proyectar una inquietud sobre el rumbo del país. Bonnett recurre a un lenguaje de alta carga simbólica para expresar la gravedad de su diagnóstico. Ignorar esas diferencias sería injusto. Pero también lo sería pasar por alto el punto que comparten: los tres interpretan un gobierno aún no posesionado a partir de sus posibles consecuencias, no de decisiones efectivamente adoptadas.
Al momento de publicarse esas columnas no existían decretos, reformas, presupuesto propio ni actos administrativos del presidente electo. El debate solo podía apoyarse en una campaña, unas propuestas y las expectativas que ambas despertaban.
Ese límite exige un ejercicio de simetría. Si hace cuatro años alguien hubiera afirmado que el gobierno de Gustavo Petro destruiría la democracia antes de expedir su primer decreto, también habría confundido una predicción con un hecho. Cambiar el nombre del presidente no debería cambiar el estándar.
Esta columna tampoco escapa por completo a esa tensión. Interpreta un momento político antes de que existan resultados suficientes para confirmar o refutar muchas de hipótesis en disputa. Su propósito, sin embargo, no es anticipar el desenlace del próximo gobierno, sino defender un criterio de deliberación: las advertencias fortalecen la discusión pública cuando conservan el carácter provisional que toda anticipación exige.
La vigilancia del poder exige rapidez. El juicio sobre el poder exige paciencia. Sin la primera, el poder enfrenta menos control. Sin la segunda, el debate público corre el riesgo de convertir hipótesis en hechos antes de que la realidad tenga oportunidad de confirmarlas o desmentirlas.
